El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha acordado mantener la celebración de la junta de acreedores de la promotora Aifos el próximo 31 de este mes de octubre. Además, no ha admitido a trámite la propuesta de convenio presentada por los compradores de pisos, al no haber llegado al mínimo del 20 por ciento del crédito ordinario que marca la ley.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se rechaza la petición realizada tanto por la empresa como por los pequeños acreedores de retrasar un tiempo la junta, ya que ambas partes consideraban que los informes definitivos presentados por la administración concursal no reflejaban la realidad económica de la sociedad.

En este sentido, el magistrado señala en su resolución que ese texto definitivo se presentó en mayo de este año, basado en uno provisional del año 2009, y apunta que el juzgado ha intentado plasmar por escrito y aclarar en lo posible la situación del activo y pasivo de la empresa, por lo que "decidió solicitar una actualización de textos".

Así, dice que este concurso lleva más de cinco años de tramitación en el juzgado y "posiblemente sea el más longevo de todos los declarados en este país hasta el momento de llegar a la votación de la propuesta de convenio", por lo que añade: "si ha habido tiempo en un concurso para hacer lo que hubiese que hacer, ha sido éste el que más tiempo ha dado".

Asimismo, ha recordado que ha venido advirtiendo a la administración social de Aifos de los plazos en los que se movería el concurso, al ser consciente de que conseguir un convenio "no es sencillo y requiere de mucho tiempo" que, ha precisado, "ha sido más que puesto a disposición de la concursada por este juzgado", incluso, "más de lo exigible legalmente".

Por esto, rechaza que se hayan producido hechos "perentorios" que hagan imposible la celebración de la junta de acreedores y todos los argumentos expuestos por la empresa para ese aplazamiento, como la existencia de ejecuciones hipotecarias. Al respecto, el juez dice que se siguen produciendo y hay "un buen número en trámite", por lo que "el concurso no puede estar abierto eternamente".

El magistrado asegura que "no desconoce que esperar quizás un año más pudiera resultar beneficioso para un posible convenio, y quizás dos o 10 años, ya que el negocio de Aifos depende en esencia de la evolución del mercado inmobiliario y dentro de equis tiempo puede haber mejorado...o no, desde luego no se sabe", pero apunta que tras cinco años "no puede este titular retrasar más el concurso".

"Quién dice que dentro de tres meses no surgirá otra cuestión, otra reforma, otra previsión que conlleve de nuevo pedir un retraso", se ha preguntado, al tiempo que ha indicado que "si el legislador así lo quiere que establezca mecanismos de flexibilización o adaptación de plazos, este titular ya ha hecho todo lo que ha podido y más".

Señala que el quórum de asistencia y votación de la junta se va a ceñir al texto definitivo que se presentó en mayo de 2014, tan sólo con las modificaciones que "por estricta" aplicación de la ley procedan. El letrado de los pequeños acreedores ha indicado que ahora se han presentado las correcciones a este texto y la lista de 491 acreedores con créditos pendientes de alguna condición.

PROPUESTAS

A este respecto, el abogado Carlos Cómitre ha indicado que esos acreedores, muchos compradores de pisos, "no están dentro del cómputo en cuanto a los créditos ni a la votación y podrían haberse sumado como apoyos a la propuesta de convenio presentada por los compradores", que no ha sido admitida ya que el monto del crédito ordinario es de 187 millones y no se ha llegado al 20 por ciento.

El letrado prevé recurrir el auto primero por la inadmisión de su propuesta de convenio y también para insistir en retrasar la junta de acreedores, al señalar que la administración concursal y Aifos "no han cumplido los plazos, por tanto los acreedores no han podido ejercer su derecho a una libre elección", así como que se ha cambiado la ley concursal en medio del proceso.

Aifos presentó en el Juzgado mercantil una propuesta de convenio, con el objetivo de que el grupo pueda "satisfacer a los acreedores" y "mantener su actividad empresarial". En ella se plantea, entre otros aspectos, satisfacer el 50 por ciento del importe de los créditos ordinarios, lo que se abonará en un 40 por ciento el noveno año y el resto, el décimo.

La alternativa presentada por los pequeños acreedores era una capitalización de la deuda —conversión de la misma en acciones—, lo que conllevaría "un cambio en la gestión de la sociedad, que, con un nuevo timón, pueda afrontar el futuro, y una espera inferior". El objetivo es presentar una propuesta que "evite las cuantiosas pérdidas previsibles para particulares, empresas e instituciones".