Las reacciones políticas tras la detención de Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, no se han hecho esperar. Mientras para unos es una muestra de que la justicia es igual para todos y un ejemplo de que las leyes funcionan, otros tachan el arresto de "gestualidad" y piden respetar la presunción de inocencia.

El primero en reaccionar ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha afirmado que la Justicia actúa contra "quien comete alguna irregularidad". En declaraciones a Onda Cero, ha dicho que esta operación policial "pone de manifiesto que funcionan las leyes" y "el Estado de derecho" cuando en una investigación judicial hay "alguna hipótesis de comisión de delito".

En cambio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declinado valorar las decisiones de los tribunales en procesos judiciales en marcha y ha reiterado que la Administración está "al servicio de la Justicia". En la misma línea, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que las diligencias son secretas y ha evitado dar ningún detalle sobre la misma. Tampoco ha revelado si se producirán más detenciones.

El portavoz de Economía de UPyD, Álvaro Anchuelo, también se ha alegrado de que la Justicia "funcione". "Lo único que lamentamos es que haya tardado tantos años en funcionar", ha subrayado pues la Justicia está investigando escándalos que se iniciaron hace décadas "y que se han mantenido durante décadas". Sin embargo, ha agregado que es mejor "tarde que nunca".

Podemos y Guanyem Barcelona, que interpusieron la querella contra Oleguer Pujol, han considerado que los registros que solicitaron y que se han practicado este jueves "son una muestra de cómo la acción ciudadana está resquebrajando la impunidad del clan Pujol". Han explicado que para garantizar "su secreto y eficacia" no informaron a los medios de la petición que hicieron al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de registrar los domicilios de los querellados y las sociedades de las que son socios o fundadores.

"Vamos a hacer lo posible para llegar al final del proceso y hacer que todos los querellados asuman sus responsabilidades penales hasta las últimas consecuencias", aseguran, tras denunciar el entramado empresarial "con indicios suficientes de actividad criminal" que ha forjado la familia Pujol-Ferrusola con la complicidad de PP y PSOE y el "apoyo implícito" de CiU. Por eso estudian personarse en el resto de causas abiertas contra la familia Pujol-Ferrusola.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado la necesidad de que la Fiscalía General del Estado actúe para que los catalanes y los españoles sepan el origen y el uso de la fortuna de la familia Pujol. Asimismo, ha reclamado que se ponga ya en marcha la comisión de investigación aprobada en el Parlament catalán sobre este caso. "Tiene que empezar su trabajo, comparecer Pujol y llegar a sus últimas consecuencias. El escándalo está siendo de un tamaño absolutamente indignante", ha asegurado el líder socialista.

Precisamente, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha pedido que la comisión que tiene que investigar el caso no sea "un fraude", algo que podría ocurrir, en su opinión, porque la presidirá David Fernández, de la CUP. Además, ha acusado al expresidente de la Generalitat de ser "el padre del 3%", pues "durante tres décadas trincó de la obra pública en Cataluña" —duda que el dinero oculto proceda de una herencia—, una cuestión de la que "se aprovecharon" sus hijos, como Oleguer Pujol Ferrusola, quien "se acogió a la malvada amnistía fiscal de Montoro". Ha recordado que hay otros dos hijos de Pujol "bajo sospecha".

En la misma línea, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha considerado que la detención de Oleguer Pujol y las investigaciones abiertas también en el extranjero demuestran que hay "una presunta trama de corrupción gravísima", por lo que ha pedido "llegar hasta el final". También ella ha exigido que "comiencen de manera inmediata los trabajos de la comisión de investigación en el Parlament". Otras formaciones políticas como ICV, ERC y la CUP también han pedido llegar hasta el final del asunto. "La impunidad de la familia Pujol se ha acabado y aunque la Generalitat o el Estado no sean proactivos para perseguir" el fraude fiscal, "para la sociedad, se ha acabado", ha dicho la colíder ecosocialista Dolors Camats, cuyo partido se sumó a la querella de Guayem Barcelona y Podemos contra los Pujol.

En cambio, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha considerado que observa una "gestualidad" en la justicia que se tendrá que ver "si tiene base o no", pero, en todo caso, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del hijo del expresidente catalán.

"Es una gestualidad que tenemos que saber si tiene base o no. Estamos últimamente acostumbrados a mucha gestualidad por parte de la justicia española a la hora de actuar, especialmente en Cataluña", ha afirmado Rull en declaraciones en Ràdio 4-RNE. Por eso, ha agregado, aboga por respetar la presunción de inocencia "siempre y en todos los casos" y ha pedido que la justicia actúe de la forma "más diligente y responsable".