Montero pide al Gobierno que revise su política de empleo público y permita una tasa de reposición del 100%

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que es necesario que el Gobierno central "revise su política de empleo público, permitiendo una tasa de reposición del cien por cien, una mayor flexibilidad para el reparto del tiempo de trabajo y propiciando medidas de estímulo y motivación de los profesionales".

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que es necesario que el Gobierno central "revise su política de empleo público, permitiendo una tasa de reposición del cien por cien, una mayor flexibilidad para el reparto del tiempo de trabajo y propiciando medidas de estímulo y motivación de los profesionales".

En respuesta a una pregunta del PSOE en el Pleno del Parlamento, Montero ha destacado la "apuesta clara" de la Junta de Andalucía por el empleo público "como motor de la prestación de servicios, garante del Estado del Bienestar y de los derechos de los ciudadanos" y ha valorado el esfuerzo realizado en Andalucía por mantener el empleo público "pese a las restricciones impuestas por el Gobierno central", entre las que citó la tasa de reposición, la jornada laboral obligatoria de 37,5 horas, la ampliación del horario lectivo de los docentes o las limitaciones a la contratación en distintos ámbitos.

Muestra de la apuesta por el empleo público, la consejera ha recordado la reciente convocatoria de procesos selectivos para el acceso por turno libre a diversos cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el pasado 19 de septiembre.

En concreto, se han convocado un total de 157 plazas, distribuidas entre los cuerpos Superior de Administradores (especialidad financiera), Letrados, Gestión Financiera, Administrativos y Auxiliares Administrativos.

Según ha subrayado la consejera, las plazas convocadas se concentran en sectores y categorías profesionales considerados prioritarios, como son el área económico-financiera, la lucha contra el fraude fiscal y el control eficiente de los fondos públicos.

Montero ha explicado que la principal novedad es que todos los procesos se regirán por el sistema de oposición y que se han incorporado nuevas pruebas, como la de ofimática para los auxiliares administrativos.

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