Un grupo de manifestantes quemó este miércoles el ayuntamiento del municipio de Iguala en protesta por la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en ataques perpetrados policías municipales por órdenes del alcalde de este municipio.

Como parte de la jornada nacional de movilizaciones en repudio a estos hechos violentos producidos el 26 de septiembre, unos 5.000 estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon en este municipio para exigir la aparición con vida de los jóvenes.

Al llegar a la plaza principal donde se encuentra el ayuntamiento, algunos manifestantes, armados con palos y con los rostros cubiertos, lanzaron cócteles molotov contra el edificio, que acabó en llamas. El incendio comenzó minutos antes de que el fiscal general, Jesús Murillo, señalara como autores intelectuales de los hechos violentos al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, hoy prófugos de la justicia.

Los carteles publicitarios con las fotografías de ambos que permanecían en el edificio también fueron arrancados y quemados por los manifestantes.

Este mismo miércoles la fiscalía aseguró que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a estudiantes el 26 de septiembre pasado.

El fiscal general, Jesús Murillo Karam, precisó que el primer ataque lo sufrió uno de los cuatro autobuses en los que viajaban los estudiantes, donde murió uno de los jóvenes, pero el vehículo logró escapar. Los policías emprendieron una persecución y, en medio de la confusión, atacó a otro autobús en el que iba un equipo de fútbol.

Al darse cuenta, los agentes siguieron con la búsqueda y hallaron el primer vehículo, hicieron bajar a los estudiantes y se los llevaron en patrullas a la comisaría de Iguala, de donde fueron "sustraídos" por policías del vecino municipio de Cocula, quienes habían acudido a apoyar el operativo. Estos se llevaron a los estudiantes hasta un cerro ubicado en Pueblo Viejo, donde se han encontrado las fosas, controlado por un lugarteniente de los Guerreros Unidos de nombre 'Gil'.

Este avisó a Casarrubias de los actos de violencia, pero los atribuyó a "un grupo delictivo contrario", por lo que el líder del cártel avaló "las acciones para la defensa de su territorio en Iguala", señaló el fiscal.

La marcha se trasladó luego a la carretera en la que se produjeron los ataques a los estudiantes, que acabaron con la muerte de tres de ellos y de otros tres civiles, y la desaparición de los 43 jóvenes. Según los testimonios de los detenidos por este caso, los jóvenes fueron trasladados a la comisaría de Iguala, de donde fueron sacados por policías de Cocula y entregados al cártel Guerreros Unidos sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Tras la detención el 18 de octubre del líder del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se ha descubierto que el crimen organizado estaba infiltrado en el Ayuntamiento, que recibía del grupo delictivo entre dos y tres millones de pesos mensuales (de 117.000 a 175.000 euros). María de los Ángeles Pineda, familiar de dos operadores del cártel, era la encargada de distribuir este dinero, con la complicidad de su esposo y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, afirmó Murillo, quien añadió ya hay órdenes de captura en contra de los tres. Cada mes, al menos 600.000 pesos (unos 35.000 dólares) eran destinados al control de la policía local y los propios miembros del cártel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación.

Varias decenas de personas encapuchadas que acompañaron la marcha saquearon y destrozaron un centro comercial al concluir la movilización, según constató Efe.

Los actos vandálicos se produjeron después del incendio en el ayuntamiento de Iguala, en el sur de México, cuando los encapuchados se dirigieron a la Plaza Tamarindos, donde saquearon comercios, rompieron escaparates y robaron artículos en los diversos negocios de la plaza, al parecer propiedad del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Los encapuchados se desplazaron en motocicletas durante el recorrido de los manifestantes y tomaron fotografías y vídeos de los estudiantes, maestros y familiares de los desaparecidos, y son considerados "halcones", es decir, informantes de grupos criminales.

La ausencia de las fuerzas de seguridad que se replegaron para evitar choques con los manifestantes fue aprovechada por este grupo, aunque agentes de la Gendarmería lograron arrestar a cinco personas que presuntamente participaron en los saqueos.

Los manifestantes indicaron que estos sujetos, "vestidos con playeras tipo polo, bermudas y gorras tipo conductor de tráiler", no son ni maestros ni estudiantes, y empezaron a actuar una vez que los manifestantes ya habían abordado los autobuses.

El fiscal mexicano, Jesús Murillo, señaló como autores intelectuales de los hechos violentos del pasado 26 de septiembre al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y al secretario de Seguridad, Felipe Flores,  prófugos de la justicia.

Esa noche policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula dispararon contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por órdenes de Abarca, quien temía que se repitiera la agresión a la Alcaldía registrada en junio de 2013, en la que participaron jóvenes de esa escuela.

En los ataques murieron seis personas y 43 alumnos de la Normal (dedicada a la formación de maestros) fueron trasladados a la comisaría de Iguala, de donde fueron sacados por policías de Cocula y entregados al cártel Guerreros Unidos sin que hasta ahora se conozca su paradero.