Prisión para el ex alcalde de Pego

  • Carlos Pascual está condenado por delitos contra recursos naturales.
  • Cumplirá seis años de prisión.
  • El Concejal de Agricultura José Orihuel, también condenado.
  • Ambos tendrán que indemnizar a la Generalitat.

El ex alcalde de Pego, Carlos Pascual (Iniciativa Popular), ingresará en prisión el próximo 2 de mayo en ejecución de la sentencia que le condena a seis años de cárcel por daños medioambientales en el parque natural del marjal Pego-Oliva, según informaron hoy fuentes municipales.

Alegó motivos de salud

De nada le sirvió al ex alcalde alegar motivos humanitarios y de salud remitiendo un escrito a la sección tercera de la Audiencia alicantina ya que la institución judicial decretó su ingreso en prisión.

Delitos medioambientales

En enero de 2004, la Audiencia condenó a Pascual a seis años de prisión y a seis años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 7.920 euros, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, quebrantamiento de medida cautelar, y atentado a funcionario público en la persona del director del parque, Vicente Urios.

No es el único condenado

Asimismo, condenó a José Orihuel, concejal de Agricultura en el equipo de gobierno de Carlos Pascual y Presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, a tres años de prisión e inhabilitación especial para cargo público electivo.

El Tribunal impuso al ex edil también una multa de 7.920 euros, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y quebrantamiento de medida cautelar.

La Generalitat será indemnizada

La sentencia condenaba también a ambos a indemnizar a la Generalitat con 1,2 millones de euros por los daños causados en 600 hectáreas de la Marjal y, estableció que la responsabilidad civil subsidiaria la asumieran el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes.

El Tribunal ratificó la sentencia

Los condenados recurrieron ante el Supremo la decisión judicial, pero el pasado 17 de noviembre, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ratificaba la sentencia. Pascual y Orihuel pidieron la suspensión de la sentencia, desestimada por la Audiencia provincial, argumentando motivos humanitarios y de salud, así como que había pedido amparo al Tribunal Constitucional y un indulto al Gobierno.

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