El delegado territorial ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A), Juan Moreno, han firmado este miércoles un nuevo marco de cooperación entre ambas organizaciones en un acto que ha presidido el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, a quien han pedido "tolerancia cero" en este sentido.

El acuerdo prevé la puesta en marcha de un observatorio y una comisión de seguimiento de la lucha contra el juego ilegal en Andalucía y el impulso coordinado del Plan de Responsabilidad Social y de Gestión Responsable de Juego.

Andalucía concentra el 48 por ciento del juego ilegal que se genera en España, que sumaría más de 40,3 millones de euros que no tributa y que son 1.202 los vendedores de rifas ilegales que operan en la Comunidad Autónoma Andaluza, un tercio del total estatal.

En este sentido, el delegado territorial de la ONCE, Patricio Cárceles, ha pedido una vez más "contundencia a la Junta de Andalucía para acabar con una auténtica explotación de trabajadores que tienen una especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, y que constituye un fraude para el Estado y para las personas en su condición de consumidoras y usuarias".

El delegado territorial de la ONCE, que ha reconocido el compromiso de la Consejería de Justicia e Interior en la lucha contra este fraude, ha pedido "que se erradique esta lacra del juego ilegal que es un fraude para todos, Estado, ciudadanos, trabajadores y consumidores".

En este sentido, ha advertido de que esta actividad ilícita constituye un fraude de ley que atenta contra los derechos de los trabajadores "porque supone una clara explotación"; un fraude para todos los consumidores "porque afectan directamente a las reglas del mercado de juego"; y un ataque a la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad "porque se aprovechan sin escrúpulos de su imagen".

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan Moreno, como organización integrante de la Plataforma en Defensa del Cupón y del Juego Legal, ha mostrado su máxima preocupación por la creciente actividad de operadores que comercializa juego ilegal en Andalucía sin las debidas autorizaciones administrativas.

Moreno ha calificado esta actividad como ilícito penal al tratarse de "un claro fraude que atenta tanto contra los derechos de los trabajadores, como de los consumidores y usuarios, al dar origen a actos de engaño y de confusión que afectan negativa y directamente a las reglas del mercado del juego y a las personas usuarias que en muchas ocasiones se encuentran indefensas a la hora de la posibilidad remota de cobrar sus premios".

El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía ha subrayado el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que animó a perseverar en esa lucha contra el juego ilegal.