La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la tarde del martes, por tres votos frente a dos, devolver al instructor el expediente abierto el pasado mes de noviembre a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante), Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, por la posible comisión de una falta grave y otra leve por el escrito enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, contra el teniente fiscal, José María López Coig, y en el que criticaba a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN).

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces indicaron a Europa Press que el instructor del caso proponía sancionar a Alabau sólo por una falta leve, por lo que la comisión disciplinaria le devolvió las actuaciones para que también propusiera la inclusión de una falta grave.

La falta grave puede penarse con multa de hasta 3.000 euros
El expediente disciplinario fue abierto por la posible comisión de una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones locales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición) y una falta leve del artículo 419.2 de dicha ley (desconsideración con miembros del Ministerio Fiscal). La falta grave puede penarse con multa de hasta 3.000 euros.

Enviado a los medios

En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el 24 de mayo del año pasado al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su "preocupación" porque "esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal".

La juez calificó de "ilegal" y "sólo promovida por intereses políticos y propagandísticos" la interpretación de la DGRN, que establece que los matrimonios gays son válidos en España aunque los cónyuges sean extranjeros
En el escrito, la juez aseguró que "todos los expedientes están resueltos mediante auto" y que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia", aunque sí destacó que la situación del registro hace que "el único que conoce" su trámite sea el funcionario titular, de modo que "en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guardia, el registro estuvo prácticamente paralizado".

A la juez le llamó "la atención" que el teniente fiscal "nunca hasta ahora se haya interesado por el trámite del Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales".

Así mismo, según agregaba el escrito, "cuando insinúa que yo he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte"

Acusaciones de persecución por parte del Gobierno

"Si hasta ahora he soportado la persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno sin defenderme ha sido por respeto precisamente a los derechos de todos los ciudadanos usuarios de mi juzgado, dando siempre prioridad a la resolución de sus asuntos frente a mis propios intereses", añadía.

Sin embargo, en el escrito la juez mostró su "especial indignación por el proceder de un compañero del Ministerio Fiscal", quien, en su opinión, "se convierte vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno, al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".