El Partido Socialista quiere que el Parlamento andaluz exprese su "total y absoluto rechazo" al Plan de Gestión de la Sardina aprobado por el Gobierno de la Nación y demande "soluciones y medidas alternativas para el sector cerquero del Golfo de Cádiz ante la situación provocada por el cierre de la pesquería de la sardina y la eventual finalización de la campaña del boquerón tras el consumo de la cuota asignada".

Así lo reclama el PSOE-A a través de una proposición no de Ley registrada para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que la Secretaría General de Pesca del Ministerio anunció el pasado 18 de septiembre el cierre de la pesquería de la sardina en Cádiz por haberse consumido el total asumible de capturas (TAC) contemplado en el Plan de Gestión de la Sardina "decidido de forma unilateral por el Gobierno de España, desoyendo las demandas claramente contrarias del sector cerquero del Golfo de Cádiz y de la Junta".

En este sentido, el PSOE-A critica que "desde que este plan inició su tramitación, tanto el sector como la Consejería expresaron en reiteradas ocasiones su rechazo al mismo, ofreciendo al Ministerio un plan alternativo de gestión, que, a diferencia del finalmente decidido, sí se basaba en una explotación del caladero tanto en término medioambiental como económico".

"La injusta e irracional clave de reparto de la sardina contemplada en la orden ministerial condenaba al sector andaluz a un prematuro fin de la pesquería en la actual campaña por la insuficiente asignación de cuota para nuestros buques", subrayan los socialistas, que lamentan que "finalmente, y tal y como se advirtió desde Andalucía, las peores predicciones se han confirmado".

Por último, el PSOE-A subraya que "el cierre de la pesquería de la sardina, que se une al del jurel en julio, y una vez que se consuma la cuota de boquerón asignada a los barcos, obligará al amarre de la flota, dejando a sus tripulantes en auténtico riesgo de engrosar las listas del paro, a lo que se añade el impacto negativo para la industria auxiliar". A su juicio, todo ello "tendrá efectos inmediatos en la economía de pueblos tan dependientes de la actividad como Barbate, Isla Cristina o Punta Umbría".