Murcia recibirá algo más de dos millones de euros para la implantación de la FP Básica

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el reparto pactado con las comunidades autónomas de 42,57 millones de euros para la implantación este año de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los que Canarias recibirá algo más de dos millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el reparto pactado con las comunidades autónomas de 42,57 millones de euros para la implantación este año de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los que Canarias recibirá algo más de dos millones de euros.

La implantación de la FP Básica una de las principales novedades de la Ley Orgánica de Calidad Educativa (Lomce), que han sustituido a los hasta ahora vigentes Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

De estos fondos, 41,7 millones de euros irán a las comunidades y el resto, a Ceuta y Melilla. En total, 15,170 millones saldrán de las arcas del Ministerio de Educación y 26,5 millones, del Fondo Social Europeo, que llega a cubrir entre el 50 y el 80% de los costes, en función de la región de que se trate. No obstante, el departamento que dirige José Ignacio Wert adelantará esta parte para poder transferir ya todo el montante.

Así las cosas, Andalucía recibirá 8,2 millones de euros, Aragón, 1,1 millones; Asturias, 318.610 euros; Baleares, 1,06 millones; Canarias, 2,02 millones de euros; Cantabria, 518.471 euros; Castilla y León, 2,7 millones; Castilla-La Mancha, 2,8 millones; Cataluña, 3,5 millones; Comunidad Valenciana, 5,2 millones; Extremadura, 1,3 millones; Galicia, 2 millones; Madrid, 5,2 millones; Murcia, 2,1 millones; Navarra, 538.587 euros; País Vasco, 2.2 millones y La Rioja, 526.258 euros.

Los criterios de reparto fueron aprobados el pasado mes de junio en Conferencia Sectorial, cuando los responsables autonómicos del ramo acordaron con el Ministerio de Educación elevar hasta los 42 millones ahora consignados el presupuesto para la implantación de los ciclos de FP Básica, que la memoria económica de la Lomce había calculado en 37,3 millones de euros.

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ve "remotísima" la posibilidad de que alguna comunidad autónoma incumpla con la implantación de la Formación Profesional Básica que se ha iniciado este curso por imperativo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pese a la resistencia a aplicar la normativa que han expresado algunos gobiernos regionales.

En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que "hay un discurso político de supuesto rechazo a la aplicación de la reforma educativa pero luego cuando se negocia con las comunidades autónomas hay la mayor disponibilidad".

En este sentido, ha explicado que los 42 millones de euros que se van a repartir entre las distintas autonomías, satisfizo a los gobiernos regionales que el pasado mes de julio se reunieron en Conferencia Sectorial para cerrar los criterios de reparto, ya que "no ha habido prácticamente discrepancias entre los cálculos que ellas aportaron y los que se habían hecho por parte del ministerio".

Gomendio recuerda además, que el grueso de la financiación (26,5 millones) procede del Fondo Social Europeo, y "solamente la van a recibir las comunidades autónomas una vez hayan realizado las actuaciones que se derivan de la implantación de la LOMCE y las puedan justificar adecuadamente", es decir, que si no cumplen, "no van a recibir esta financiación".

Contratación de profesores

"De hecho es algo de lo que son perfectamente conscientes las comunidades autónomas, por lo que no cabe la posibilidad de que no realicen estas actuaciones, luego una cosa es el discurso político de unas comunidades que también reciben la financiación, y otra cosa es en la práctica, las actuaciones que están acometiendo desde el inicio de este curso", ha señalado Gomendio.

Los fondos, conforme ha señalado, los adelanta el ministerio de Educación para que las comunidades puedan ir adoptando los cambios necesarios para implantar la FPB, que "en definitiva no es más que la contratación de profesores", y "en el momento en que realicen esas actuaciones y las justifiquen reciben el dinero de Europa".

Por eso, niega que vaya a generar déficit o que vaya a suponer "una deuda durante demasiado tiempo" ya que, afirma, los plazos "dependen de ellas" porque "en cuanto puedan justificar las actuaciones" reciben la financiación.

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