El Gobierno de Zaragoza se ha comprometido, en la Gerencia de Urbanismo celebrada este martes, a poner en marcha "de manera definitiva" la mesa constituida para la cesión de suelos públicos" tras la petición del grupo municipal de CHA.

Precisamente, el grupo municipal de CHA había paralizado en 2011 este sistema "injusto y discriminatorio", que otorgaba solares municipales sin publicidad ni concurso público, dejando fuera otras demandas que también podían estar interesadas en utilizar los solares municipales.

Desde entonces, el Gobierno de la ciudad "no ha dado alternativas y, ahora, por fin, se ha puesto las pilas para convocar la mesa que decida qué hacer, de una vez, con este tipo de cesiones", ha indicado el portavoz del grupo municipal de CHA, Juan Martín.

En la actualidad existen 24 solares públicos de estas características, que se han conocido al aportar el Gobierno municipal el listado en la búsqueda de alternativas a la ubicación de Remar en Rosales del Canal.

El Ayuntamiento tiene cerca de cuarenta peticiones de diferentes entidades para solicitar una de estas parcelas, aunque veintiocho solicitudes provienen de otras administraciones. Las diez restantes han sido registradas por asociaciones relacionas con la Acción Social.

Antenas de telefonía móvil

Por otro lado, el Gobierno municipal ha informado al portavoz de CHA en la Gerencia de Urbanismo que también constituirá la mesa de trabajo que aclare las posibilidades de actuación que puede llevar a cabo ahora el Ayuntamiento de Zaragoza ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Telecomunicaciones.

Esta mesa ha sido solicitada por el grupo municipal de CHA ante el nuevo panorama que conlleva la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que elimina la obligación de que sean los ayuntamientos quienes concedan las licencias, por lo que las empresas ya no las van a necesitar y solo tendrán que hacer una declaración "responsable" ante el Ministerio de Industria.

"Nos sigue pareciendo una auténtica aberración que las empresas de telefonía puedan instalar sus antenas donde quieran, sin pedir ningún permiso urbanístico ni medioambiental al ayuntamiento y sin tener en cuenta la proximidad de centros sensibles como colegios u hospitales. Pero esto es el PP. Queremos saber qué se puede hacer ahora desde los Ayuntamientos para impedir esta barbaridad", ha señalado Juan Martín.

Con la nueva ley, que ha entrado en vigor en mayo de este año, no solo desaparece la posibilidad de que sea el Ayuntamiento quien autorice la colocación de una antena en la azotea de un edificio, al quitar totalmente las competencias a los ayuntamientos, sino que también "elimina cualquier posibilidad de oposición a la instalación de una antena de telefonía, por parte de los propios vecinos", ha alertado Martín.