El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha imputado a siete personas el marco de la 'Operación Zeta', una supuesta trama en la que están implicadas asociaciones de autónomos y otras entidades para hacerse con subvenciones de la Administración pública a cambio de impartir supuestos cursos.

La Policía Nacional informó este miércoles de que, en el marco de esta investigación, fueron detenidas siete personas en Galicia, si bien ya declararon en sede policial un total de 61, de las cuales 22 son residentes de fuera de Galicia.

De hecho, por este caso, ha comparecido ante la Policía el que fuera director xeral de Traballo de la Consellería que dirige Beatriz Mato, Odilo Martiñá, quien presentó su dimisión "a petición propia" a finales de septiembre. Sin embargo, no figura como los imputados por el juzgado.

Según han explicado fuentes del TSXG este miércoles, la jueza todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el resto de las personas interrogadas, entre las que se encuentra el exalto cargo de la Xunta.

Diligencias bajo secreto

Las diligencias se mantuvieron bajo secreto desde diciembre de 2011 hasta el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto por el que se llamaba a declarar a las siete personas que fueron detenidas, declaraciones que se celebrarán en el mes de febrero.

En estos momentos la causa consta de 25 tomos, lo que supone más de 12.000 folios. En la investigación se ha contado con la colaboración de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria de Galicia y de la Intervención General del Estado.

La causa se sigue por supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa, y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos y fundaciones.

Llamados a declarar

Según las fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press, la jueza ha llamado a declarar a los siete detenidos, entre los que se encuentran Gerardo C.R., de Azetanet —empresa de consultoría y formación—, y a tres empleadas (M.O.N., M.G.R. y S.L.O.).

Asimismo, llama a declarar como presidente de Caype a Eliseo C.L., y a otros dos hombres que estarían vinculados con la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) (JL.F.A. y FJ.P.B.). Las citaciones están previstas a partir del 2 de febrero.

INVESTIGACIÓN

La investigación de la supuesta trama para hacerse con subvenciones de forma irregular se inició en diciembre de 2011, cuando se incoaron diligencias a raíz de dos testificales prestadas por dos empleadas de Caype, que también aportaron documentación.

En ese momento comenzaron las indagaciones por la "presunta comisión de un delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos" y otros delitos conexos.

Así, se llevaron a cabo escuchas telefónicas, entrada y registro de sedes (también institucionales) con incautación de documentación, y declaraciones prestadas en sede policial. Para la jueza, se articuló un "entramado delictivo" en el que los investigados, incluidos responsables públicos encargados de tramitar y vigilar las ayudas, y los responsables asociativos "se habrían coordinado para conseguir fondos públicos, falseando los requisitos exigidos".

En febrero de 2012 personal de la Consellería de Traballo e Benestar visitó las instalaciones de entidades sin ánimo de lucro seleccionadas para impartir talleres dentro del Plan Integral de Empleo con el fin de comprobar si las subvenciones se destinaban al fin concedido. Entre las entidades analizadas, en dos de las firmas vinculadas con el empresario coruñés Gerardo C. —Fundefo y AED— se detectaron irregularidades como falta de programación de las actividades.