La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha afirmado este miércoles que "no es fácil destapar los casos de corrupción, no es fácil hacerlo con herramientas del siglo XIX, deficientes, cuando además los delincuentes en muchas ocasiones se han valido incluso del amparo del propio Estado para cometer sus delitos".

Así lo ha indicado en la ponencia inaugural de la jornada 'La Justicia a debate' en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, tras la apertura oficial, en la que ha participado junto al conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, el rector de la UV, Esteban Morcillo, el director general de Universidades, Estudios Superiores y Ciencia, Felipe Palau, y la decana, Elena Olmos.

De la Oliva ha recordado que, en una jornada reciente en Castellón, el fiscal general del Estado "volvió a decir que este es un tiempo clave, que nos jugamos nuestro prestigio, y lo dijo en referencia a lo que supone luchar contra la corrupción, y tiene razón —ha apostillado—, no es fácil destapar los casos de corrupción".

Ha remarcado que, por este motivo, en este ámbito se necesita "mejorar, con el máximo sentido autocrítico, conocer qué se tiene, asumir las disfunciones y empezar a ejecutar tantas y tan buenas iniciativas, que serán seguro eficaces".

"Necesitamos medios, contar con una policía dependiente de los tribunales experta en delitos económicos y en la ingeniería que encierran en muchos casos los delitos de malversación o el cohecho, necesitamos peritos al servicio de la administración de justicia", ha aseverado De la Oliva, quien asegura que tienen "la independencia y el compromiso profesional", conscientes de su obligación de velar por el pacto social sobre el que se asienta la convivencia.

En este punto, De la Oliva ha agregado: "Tenemos que esmerarnos en hacer mucho mejor las cosas, pero no podemos hacer milagros y necesitamos medios humanos y materiales, y los necesitamos ya".

La presidenta del TSJCV opina que la justicia "vive uno de sus momentos más delicados" y arrastra un "retraso histórico en medios materiales y humanos", ya que "no ha sido nunca una prioridad política" y "la crisis no ha hecho más que agravar de forma importante la saturación en las oficinas judiciales y, por tanto, la deficiente atención al usuario y una mayor inseguridad jurídica".

A su juicio, conviene reflexionar sobre las medidas necesarias, como la modernización de la administración de justicia y la revisión de una Ley de Planta y Demarcación "superada por la realidad" y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1871 y ha sufrido "varias reformas parciales pero ninguna esencial, lo que se traduce en estar trabajando en el siglo XXI con una herramienta del siglo XIX, y la realidad social es completamente distinta", ha recalcado.

Responder "lo antes posible" a los ciudadanos

Así, mantiene que se requiere "un procedimiento más ligero porque los ciudadanos necesitan que se responda lo antes posible a sus problemas" y perciben el "retraso" de hasta "seis, ocho o doce años" como "un factor de inseguridad frente a los tribunales". "Y eso no nos lo podemos permitir", ha advertido De la Oliva, quien incide asimismo en el papel económico de los juzgados por la importancia de la seguridad jurídica para adoptar las decisiones empresariales.

Ha reivindicado que "en justicia no se gasta, se invierte y la justicia siempre es rentable" en términos de respuesta a los problemas de ciudadanos y empresas y que, de hecho, los tribunales son "más rentables cuando más rápido puedan atender sus necesidades". "Una respuesta tarde no es una respuesta adecuada", zanja.

"más barato un hotel de cinco estrellas que una prisión"

En el coloquio posterior, ha planteado que "a lo mejor se llega demasiado a los tribunales" y convendría "dar otro tratamiento" a las faltas, que ocupan "entre el 60 y 70 por ciento del tiempo de los fiscales" y cada juicio "cuesta entre 3.000 y 4.000 euros", así como estudiar otra "respuesta a estas conductas, a lo mejor no penal", y "alternativas a las penas de prisión" para determinados hechos. En este punto, ha comentado que "es más barato tener a un preso en un hotel de cinco estrellas que en una plaza de una prisión".

De la Oliva ha distinguido, en este sentido, asuntos como "problemas vecinales" de otros que "se diferencian de delitos por un euro", al tiempo que ha abogado por explorar nuevas vías como la mediación o el arbitraje y por acometer "reformas importantes en materia de familia o sucesiones porque la sociedad ha cambiado".