La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) no comparte la "urgencia" del desalojo de un anciano de 82 años de una vivienda de titularidad municipal y afirma que sus servicios sociales han mediado para lograr buscar una solución viable" y "encontrar una alternativa de realojo al afectado".

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha explicado que el desalojo de este inquilino de una vivienda del Reina Victoria, en San Ildefonso, responde a una orden judicial dictada tras la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios "basada en la conducta antisocial del inquilino, así como en las actividades molestas e insalubres desarrolladas por el mismo que venían causando desde hace años problemas de convivencia".

Desde Emuvyssa, si bien se reconoce la conducta inapropiada del inquilino, se ha instado a la comunidad de propietarios a que pospongan la ejecución de la sentencia ante su avanzada edad, sin embargo la solicitud de ejecución de la sentencia fue ya acordada por los vecinos en junio.

Posteriormente, al tener conocimiento de la fecha de lanzamiento, la empresa ha solicitado sin éxito una nueva reunión extraordinaria de la junta general de la comunidad para permitir que los hijos del inquilino puedan exponer su situación médica, petición que tampoco ha sido atendida.

Nieto ha explicado que "dada la avanzada edad del inquilino, los servicios sociales de Emuvyssa han mediado para lograr buscar una solución viable y encontrar una alternativa de realojo al afectado".

Para ello se le han ofrecido las dos opciones existentes: las viviendas de alquiler de VPO que actualmente tiene Emuvyssa o bien las viviendas de la Junta de Andalucía del programa de alojamientos provisionales para personas en riesgo de exclusión social y con orden de lanzamiento inminente, algo que el inquilino solicitó ya el pasado 6 de octubre.

"Todas las viviendas en régimen de alquiler social de las que Emuvyssa es propietaria ya fueron arrendadas mediante el procedimiento de selección para la adjudicación en régimen de alquiler para personas desahuciadas", ha indicado.

Actualmente las viviendas disponibles son viviendas de protección oficial, que requieren la inscripción previa en el registro de demandantes de viviendas y el presente caso está exento de inscripción por tratarse de una persona en riesgo de exclusión social, según ha detallado la edil.