El concejal del PSOE Juan Patricio Castro vuelve a exigir la puesta en marcha de un IBI social que se adapte a las condiciones socioeconómicas y patrimoniales de todos y cada uno de los vecinos de Murcia, "que siguen soportando cargas fiscales muy elevadas, sin que a lo largo de estos años, el PP haya tenido en cuenta sus circunstancias, ni las de las pequeñas y medianas empresas".

Respecto a la bajada del tipo impositivo del IBI anunciada este martes por el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, el socialista la ha calificado de "corta" y de "incompleta", a tenor de la excesiva presión fiscal de estos años de legislatura y del aumento para 2015 de un 10 por ciento en la base imponible (aumento del valor catastral) del impuesto.

"Llevamos tres años planteando una bajada de impuestos que se adapte a la coyuntura de crisis de miles de personas y PYMES, y hoy tenemos que dar las gracias a la celebración de las elecciones del próximo año, porque de no ser por esto, la edil de Hacienda no habría movido ficha y no habría aplicado una rebaja en el tipo impositivo del IBI", ha ironizado el edil del PSOE.

Así, Castro ha recordado al alcalde y a la edil de Economía y Hacienda, Isabel Martínez Conesa, "que existirá justicia social el día en el que el PP de La Glorieta comience a sentar las bases para que el interés general prevalezca por encima del partidista y se cobren impuestos más justos y equitativos para que pague más el que más tiene".

Según ha explicado Castro, con esta bajada del IBI, un vecino de la Gran Vía verá reducido su contribución en 25 euros como mínimo mientras que un ciudadano que vive en pedanías verá disminuido su cuota solamente en cinco euros.

En cuanto al cambio de la ley catastral anunciado por Cámara, el Grupo Socialista reclama al primer edil "máxima diligencia" para que el 1 de enero del próximo año nadie tenga que seguir pagando un impuesto "absolutamente injusto".

Así le ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Gobierno local a llevar a cabo este cambio, se remonta al pasado mes de mayo y que los vecinos afectados por esta situación ya se vieron obligados a pagar en julio la cuota de IBI urbano por unos terrenos que carecen de servicios.