Un funcionario de la Conselleria de Interior y tres empresarios del juego de Baleares deberán pagar unos 37.000 euros en multas, una condena que contrasta con la petición de 42 años de prisión que la Fiscalía solicitaba para ellos por urdir una trama con la que éstos se beneficiaron del impago de las tasas que les correspondía abonar al Govern por desarrollar esta actividad, así como por autorizar desde el Ejecutivo la instalación irregular de máquinas tragaperras en bares que no contaban con licencia para ello.

Los cuatro acusados se han declarado culpables de estos hechos y han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, a raíz de unos hechos que tuvieron lugar de forma continuada entre los años 2006 y 2009. La Fiscalía les acusaba inicialmente de haber incurrido en delitos de malversación y prevaricación, si bien finalmente éstos les han sido retirados y se les ha mantenido los que también se les imputaba de fraude, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida.

En concreto, el funcionario, Juan Bautista, se enfrenta a una condena de dos años de prisión, el abogado Bartolomé Borràs, quien medió entre las sociedades beneficiadas y el Govern en relación al pago de los impuestos, a tres años y medio; y los empresarios Rafael Hernández y Gabriel Pons, a un año y cinco meses cada uno, penas que serán sustituídas por distintas multas. La Fiscalía ha reconocido las circunctancias atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas.

El funcionario, actuando dentro de sus competencias y movido por el ánimo de beneficiar al resto de los inculpados con quienes les unía una relación de amistad y confianza, permitió el impago de la tasa de canje fiscal -en distinta cuantía dependiendo del tipo de local- por la instalación de máquinas de juego así como el alta de estos aparatos en bares y restaurantes como si de salas de bingo se tratase.