La reunión de la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia concluyó con cero acuerdos entre los grupos parlamentarios en asuntos como la situación de las personas que padecen esquizofrenia o cualquier otro trastorno mental, el nuevo acuerdo con Povisa y los servicios que presta la Iglesia católica en los centros hospitalarios.

A pesar de que alguno de los asuntos fue tratado con enmiendas del PPdeG, al no ser aceptadas, los populares votaron en contra de todas las iniciativas de la oposición, incluido un punto en el que se pedía conocer los términos del nuevo acuerdo con Povisa y otro para eliminar las capillas de los hospitales y suprimir las partidas destinadas a los curas que realizan labores espirituales en estos centros.

En el transcurso de la comisión se debatieron dos iniciativas relativas a Povisa, una de ellas defendida por la parlamentaria socialista Carmen Gallego, quien acusó a la Xunta de "no dar información" a la población adscrita a Povisa de que pueden cambiarse a un centro hospitalario público.

Además, los socialistas denuncian la "opacidad" en este proceso y advierten de que "no es materialmente posible" trasladar a toda la población a un hospital público, en cuyo caso "no sería necesario el recientemente renovado concierto con Povisa".

En esta línea, la parlamentaria del BNG Montse Prado, que también ha defendido otra propuesta, reclamó conocer los "términos" en que se firmó el nuevo convenio, y pidió votar este punto de su propuesta por separado con el fin de que los populares la apoyasen, pero votaron en contra.

La "misma" información

El diputado del PPdeG Miguel Santalices ha justificado que él tenía la "misma" información que la oposición y remitió a la prensa para afirmar que él "no" leyó en ningún sitio que el convenio garantice el pago a Povisa de 120.000 habitantes.

Santalices también ha afirmado que Povisa "tiene la misma cartera de servicios" que el resto de centros públicos y que, cuando no la hay, los servicios "se complementan" con otros hospitales. De esta manera, ha remarcado que el PP apuesta por la sanidad pública y defiende la privada como "complementaria", al tiempo que se ha preguntado si la oposición quiere cerrar Povisa.

Eva Solla, en representación de AGE, mostró su respaldo a las dos iniciativas, y ha manifestado sus temores por cómo pueda repercutir en los centros públicos a los que se traslade a la población.

CAPELLANES

Por otro lado, Solla ha expuesto una iniciativa con la que pretendía eliminar de los presupuestos de la Xunta los alrededor de 600.000 euros que se reservan al pago de capellanes en los centros del Sergas, algo que, según sus palabras, los convierte en "personal público".

Santalices rechazó esta visión y remarcó que las partidas se transferían a los obispados, que son los que se encargan de pagar la seguridad social y otras cotizaciones, pero la parlamentaria de AGE insistió en que el método en que se abona no era la cuestión, sino el hecho de "pagar con impuestos" lo que debe formar parte del "ámbito privado" de cada persona.

La parlamentaria nacionalista Montse Prado se preguntó, en este sentido y a modo de ironía, a "qué tasa de reposición" fueron sometidos los curas, dados los "recortes" en otros ámbitos, en que se "niega el pan y el agua".

Carmen Acuña, por su parte, ha censurado que mientras se "recorta en gasas", los presupuestos para pagar a los curas se mantienen , y ha denunciado que incluso formen parte del comité de ética de centros hospitalarios.

FÁRMACOS

Tampoco prosperó una iniciativa impulsada por la diputada socialista Carmen Acuña en la que se pedía solicitar a la industria farmacéutica y a los laboratorios información detallada sobre la disponibilidad y reservas de los medicamentos que habitualmente compra la Administración con el fin de "prevenir y declarar con prontitud los posibles desabastecimientos y poner las medidas para evitarlos".

En el debate, las diputadas del BNG y de AGE aseguraron haber vivido recientemente una situación de desabastecimiento y haber tenido que "peregrinar" por varias boticas para conseguir la medicación prescrita por el facultativo.

Marta Rodríguez-Vispo, por parte de los populares, defendió que unos medicamentos se pueden "sustituir" por otros y rechazó la propuesta puesto que los fármacos dependen de la Agencia Estatal de Medicamentos, que tiene una comunicación "bidireccional" en la que no está el Sergas.

Carmen Acuña contrapuso que existe un "desabastecimiento" que abarca desde "mascarillas", "sueros" o material para tratar posibles casos de ébola, y ha lamentado que el PP "viva en una isla" en la que "no se entera de nada" de lo que está ocurriendo.

La misma suerte corrió la iniciativa presentada por la diputada del BNG Montse Prado en relación a la situación de las personas que padecen esquizofrenia y que, entre otras cuestiones, recogía las propuestas realizadas por el 'Movemento Galego da Saúde Mental', como la reclamación de un plan para este colectivo.

El PPdeG, a través de Aurelio Núñez Centeno, propuso un texto alternativo en el que también se incluía un "compromiso real contra el estigma" que sufre este colectivo, a través del desarrollo del plan NISE, que para el BNG no se podía recoger puesto que este proyecto —dijo Monste Prado— "nunca empezó".