El fiscal pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en el caso Madrid Arena, en el que fallecieron cinco jóvenes en una fiesta de Halloween, según las conclusiones provisionales hechas públicas este lunes. Esta pena equivale a 9,6 meses de prisión por cada una de las jóvenes fallecidas, lo que contrasta con la petición de los abogados de las familias, quienes solicitaban hasta 20 años de cárcel para el principal acusado (cuatro años por cada chica).

Los abogados de las víctimas consideran que la petición del fiscal es "una barbaridad; una pena mínima para un hecho tan grave". Por su parte, fuentes judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aseguran que el fiscal "se ha acogido al artículo 77 del Código Penal, conocido como artículo de concurso ideal, que aplicado a este caso considera los cinco homicidios como un solo hecho delictivo".

Además, la Fiscalía reclama una pena de tres años de prisión para otros once acusados más por los mismos delitos. Todos ellos son altos cargos de la compañía promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa municipal propietaria del pabellón (Madridec) y de las empresas encargadas de la seguridad en el recinto (Seguriber y Kontrol 34). También se solicitan dos años y seis meses de cárcel para los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos, así como su inhabilitación para ejercer la profesión durante seis años.

Por otro lado, como ya estaba previsto, el fiscal pide que se sobresea la causa con respecto al exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo y al coordinador de Seguridad de la empresa pública Madridec (propietaria del recinto), José Luis Rodríguez Caamaño, por "no haber indicios suficientes para apreciar indicios de responsabilidad criminal".

También demanda el fiscal que se indemnice a los familiares de las víctimas con cantidades que oscilan entre los 243.000 y los 338.000 euros, así como al pago de otras cifras menores a una treintena de lesionados en la avalancha que se produjo en la fiesta. En total, el pago de indemnizaciones ascendería a 1,97 millones de euros.

Según el escrito, el fiscal considera que Flores, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió más entradas de las que permitía el aforo (un mínimo de 22.800 frente a 10.620 de aforo), "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo".

A punto de cumplirse dos años del suceso, el fiscal, según figura en su escrito de conclusiones provisionales, pide tres años de cárcel para Rafael Pastor, director del departamento de Seguridad de Madridec; para Francisco del Amo, coordinador de proyectos de esta misma empresa, y para Roberto Mateos, el encargado del control de las cámaras del recinto.

Otros tres años solicita para Santiago Rojo, director general de Diviertt; para Miguel Ángel Morcillo, jefe de Personal de esta misma empresa; para José Ruiz Ayuso, técnico de operaciones de Madridec; para los coordinadores jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde; para el jefe de equipo de esta compañía, José Antonio Díaz Romero, y para los socios de Kontrol 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.

A Flores y a otros once acusados, el fiscal les imputa cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis de lesiones también por imprudencia grave.

Por su parte, a los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos les imputa dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.