En declaraciones a Europa Press, Serrano ha recordado que, ya en los días en los que Miguel Arias Cañete era el titular de este departamento, se entendía que la DIA era correcta y no susceptible de cambio, pese a que la administración regional aludió a la posibilidad de modificación a raíz de la problemática de Castor y la "contestación social", por el "impacto" que la acumulación de hasta cuatro proyectos podría tener sobre Doñana.

Ante la "discrepancia" entre dos administraciones, y a raíz de que Bruselas contaba con un expediente abierto sobre asunto, "que decidieron cerrar al no autorizarse la iniciativa, pero pendientes de la decisión que se tomara", la Junta ha decidido "preguntar qué hacemos" a la Unión Europea, a la que pretenden establecer de árbitro a causa de su pretensión de incluir estudios sobre el impacto acumulativo y sismológico de la acción.

"No queremos cometer errores ni normativos ni ecológicos", ha precisado la titular andaluz de Medio Ambiente, que agrega que "independientemente de la normativa tenemos que saber qué queremos de Doñana, si un parque con valores naturales o con un almacén de gas en su interior".

La Junta de Andalucía tiene suspendida la resolución de la autorización ambiental unificada hasta tanto no se garanticen las consecuencias del valor acumulativo de los proyectos de Gas Natural en Doñana y las consecuencias sismológicas.

La Comisión Europea, de su lado, ya confirmó a Serrano que necesitaba más información del Gobierno español y de las organizaciones que interpusieron una queja contra los proyectos de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana antes de emitir un dictamen sobre el expediente.