El grupo socialista en la Diputación de Málaga ha anunciado este viernes que acudirá a la Fiscalía ante la negativa del equipo de gobierno del PP, mostrada en el pleno de este viernes, de suspender como diputado provincial al alcalde de Benamocarra (Málaga), Abdeslam Lucena, condenado a seis meses de prisión y un año de suspensión por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación.

El portavoz de los socialistas en la Diputación, Francisco Conejo, ha asegurado que "después de cuatro meses" es el momento de que el equipo de gobierno "asuma su competencia", por lo que, al no hacerlo, se ven obligados a pedir "amparo judicial". "El PP podría incurrir en un supuesto delito de prevaricación", ha advertido.

El socialista ha explicado que, en un caso similar en la Diputación de Zaragoza —un diputado y alcalde de un municipio fue condenado en sentencia no firme—, un juez de lo Penal dijo en un auto que "el que se declare incompatible de cargo público es algo establecido en una ley orgánica que la Diputación puede cumplir, so pena de incurrir sus miembros en prevaricación".

Asimismo, ha explicado que el alcalde de Benamocarra "cumple lo previsto en la Ley Electoral en cuanto a incompatibilidad" y que, aunque la sentencia no sea firme, "ha sido condenado". "La irretroactividad no se puede aplicar en este caso porque hay que aplicar la fecha de la sentencia y no la de la comisión del delito", ha apuntado.

Por esto, ha subrayado que "no vamos a ser cómplices ante una supuesta prevaricación" por permitir "que la Ley Electoral no se aplique". En este punto, ha asegurado que la formación estaría dispuesta a llegar a un acuerdo y decidir si suspender a Lucena "de forma temporal o definitiva", algo que se ha encontrado con la oposición del PP en la Diputación.

El portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, ha explicado la negativa a la moción de los socialistas argumentando que su grupo "sigue la línea que se ha planificado"; es decir, esperar el informe del Colegio de Secretarios sobre este asunto.

"Nosotros tenemos la convicción de que estamos tomando un acuerdo legal y que respeta los derechos fundamentales de una persona, en este caso un diputado provincial", ha señalado, incidiendo en que los informes que se tienen hasta ahora "son contradictorios".

El 'popular' ha subrayado la necesidad de ser "cautelosos" a la hora de tomar una decisión y ha instado a tener en cuenta que "el daño" que se puede hacer al diputado "puede ser irreparable". "Cuando tengamos todo clarificado, tomaremos la decisión", ha reiterado.

Ante el anuncio del PSOE de acudir a la Fiscalía, Salado ha dejado claro que "estamos convencidos de que no hemos prevaricado, estamos tomando nuestras decisiones en base a informes jurídicos". Unos documentos que, ha dicho, "no son concluyentes".

Desde IU, su portavoz, Antonia Morillas, ha insistido en que la posición de la coalición de izquierdas es que "Lucena tiene que abandonar su sitio como diputado". "Yo no sé qué más informes necesita el equipo de gobierno para tomar la decisión", ha apostillado.

Morillas ha asegurado que el alcalde de Benamocarra debería haber dejado el cargo "por una cuestión ética y política" y que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, "debería haberle exigido el acta de diputado hace ya meses".

"Si el PP no exige el acta a Lucena, estaremos ante una situación en la que falta mucha ética", ha criticado Morillas, que ha asegurado que el equipo de gobierno "lo que se hace es poner excusas baratas por equilibrios internos de partido para que una persona que tiene una sentencia de condena siga ocupando el cargo público".

Lucena, responsable en la Diputación de Servicios Intermunicipales y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), fue condenado a seis meses de prisión y un año de suspensión por los delitos de injurias, calumnias, desobediencia y malversación.