TSJA ratifica la orden a Ayuntamiento de Punta a dar información a ediles al ver vulnerados derechos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, que ordenó al Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) a facilitar "sin dilación" el examen y consulta de la información sobre las ayudas sociales concedidas antes de las últimas elecciones municipales del pasado 22 de mayo, al considerar vulnerados los derechos fundamentales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, que ordenó al Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) a facilitar "sin dilación" el examen y consulta de la información sobre las ayudas sociales concedidas antes de las últimas elecciones municipales del pasado 22 de mayo, al considerar vulnerados los derechos fundamentales.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJA ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento costero y le obliga a darle esta información a los ediles.

Uno de estos concejales y actual presidente de UPU y portavoz municipal de la formación, José Carlos Hernández Cansino, ha recordado que tras detectar que las ayudas sociales, inmediatamente anteriores a las elecciones municipales de 2011, "duplicaban las del mismo periodo del año anterior", concejales de la oposición solicitaron los expedientes completos de las mismas y comprobaron que "entre el mes de abril y los primeros 20 días de mayo de 2011, se concedieron ayudas por valor superior a los 36.000 euros", mientras que este montante descendió "hasta los 3.000 euros" después de las elecciones y en el resto del mes de mayo y junio.

Ante esta situación, ha señalado que los concejales de la oposición solicitaron la celebración de un pleno extraordinario al objeto de que se creara una comisión de investigación y pidieron toda la información relativa a esas ayudas, como los informes técnicos sociales, la situación económica y social de las familias, que "fue denegada al considerar desde el equipo de Gobierno que era información confidencial".

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