Parlamento reclama que Gobierno central adopte medidas para proteger la actividad de locales de negocio de renta antigua

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE-A en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central medidas para proteger la actividad de locales de negocio de renta antigua, teniendo en cuenta que el 1 de enero de 2015 acaba la moratoria, por un plazo de 20 años, contemplada en la vigente Ley de Arrendamientos urbanos de 1994 para la finalización de los locales arrendados bajo el auspicio de la ley de arrendamientos de 1964.

Concretamente, se ha reclamado a la Junta que reclame al Gobierno una modificación de la actual Ley de Arrendamientos urbanos para facilitar la continuidad, prórroga o subrogación de la actividad comercial de los contratos de renta antigua. Se propone la instauración de un régimen transitorio de los contratos de arrendamiento de local de negocio de renta antigua, que conlleve una "actualización de las rentas que garantice la equidad entre las partes, así como medidas que aseguren la continuidad de la actividad económica y eviten conductas especulativas por parte del arrendador".

Dicho punto de la iniciativa ha sido apoyado por IULV-CA y ha contado con la abstención del PP-A. El resto de la proposición no de ley se ha aprobado por unanimidad, como que el Gobierno central abra una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios afectados por la finalización de la moratoria y que elabore, a la mayor brevedad, un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, en el que la rentabilidad económica inherente a esta actividad no impida el mantenimiento y fomento de la riqueza cultural y patrimonial de las mismas.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Enrique Benítez ha manifestado que, con la finalización de estos contratos, cientos de pequeñas empresas y comercios consolidados en las ciudades andaluzas se verán forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con "un probable incremento de renta, cuando no a un traslado o al cierre, por las deficiencias de liquidez que sufren en el contexto actual de profunda y persistente crisis económica y escasa actividad comercial".

Ha querido dejar claro que esta iniciativa no pretende sin más proteger a una parte contractual frente a otra, "sino procurar que la inevitable transición desde un modelo proteccionista hacia un modelo de mercado se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de calidad y de proximidad".

Por su parte, la diputada del PP-A Ángeles Isac ha indicado que este es un "problema antiguo", que el PSOE no ha querido ni sabido resolver y que, sin embargo, fue el que lo suscitó con la Ley de Arrendamientos urbanos de 1994. Ha señalado que todos tienen claro que a este sector hay que protegerlo y ha reprochado al PSOE que en 30 años no haya dicho nada sobre este problema.

"Una vez más el PP tendrá que resolver los despropósitos que siempre hace el PSOE cuando gobierna", ha indicado la parlamentaria popular.

La diputada de IULV-CA Carmen Pérez ha defendido una nueva moratoria mientras se busca una solución para este sector, porque el objetivo final debe ser el mantenimiento del empleo, estable y de calidad, en lo que nada ayudan las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy.

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