El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves que recurrirá la Resolución de 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía desestima el requerimiento previo formulado por el Ejecutivo regional contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación denominados 'Canarias 1' a 'Canarias 9'.

Recuerdan que el 11 de agosto la Dirección General de Política Energética y Minas autorizó a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos citados, "una actividad contra la que se ha manifestado no solo el Ejecutivo autónomo sino los presidentes de los cabildos afectados y la inmensa mayoría de la sociedad canaria", según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Por ello, el Gobierno de Canarias impugnó esa Resolución mediante recurso presentado ante el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sin embargo, de acuerdo con la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Resolución fue calificado de requerimiento previo, requerimiento que también fue desestimado mediante esta última Resolución (de 6 de octubre).

Por su parte, el Gobierno de Canarias consideró que "se está dando un tratamiento desigual" al archipiélago canario respecto a Baleares, de ahí que incide en su intención de continuar con la defensa de los planteamientos del Ejecutivo autonómico al respecto, incluyendo las acciones legales que correspondan. Es ahí, donde señalan se enmarca el acuerdo adoptado este jueves en el sentido de autorizar el ejercicio de acciones judiciales contra la Resolución de 6 de octubre del secretario de Estado de Energía.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Dirección General del Servicio Jurídico a que en el ejercicio de las citadas acciones judiciales solicite del órgano jurisdiccional la medida cautelar de suspensión de la eficacia de la Resolución que se impugna.