El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha asegurado que todas sus actuaciones financieras han sido "legales" y ha destacado que la propia Diputación foral "dio por bueno" el pago de 101.104 euros que efectuó en 2003 para abonar la última cuota de su vivienda habitual.

De Andrés, en su turno de réplica a los grupos en el pleno de política general de las Juntas Generales de Álava, ha desmentido que -según se indica en una información publicada este miércoles— su mujer hubiera efectuado dos ingresos en metálico de alrededor de 100.000 euros cada uno en una sucursal bancaria de Vitoria.

El diputado general ha denunciado que estas informaciones son "enteramente falsas" y ha destacado que el informe del Servicio de Inspección de la Diputación que ha entregado este miércoles a los medios de comunicación "demuestra" que todas las actuaciones que ha tenido han sido "legales".

De todas formas, en aras de la "transparencia", ha querido explicar lo sucedido en torno a este asunto. Según ha dicho, la Diputación alavesa le trasladó una solicitud de información el 15 de abril de 2008 acerca de un pago efectuado el 20 de junio de 2003. Dicho pago, tal y como ha afirmado, ascendía a 101.104 euros y se ingresó en metálico en una sucursal de Caja Vital, para abonar la última suma pendiente de su vivienda habitual.

"préstamo familiar"

A raíz de la solicitud del Gobierno foral, De Andrés aclaró —tal y como ha afirmado— que de los mencionados 101.104 euros, 23.000 procedían de una cuenta que tenía en Caja Burgos, otros 12.500 euros correspondían a otra cuenta en Caja Vital y 3.800 euros tenían su procedencia en otra cuenta en ésta última entidad. Los 60.000 euros restantes, según ha explicado, procedían de un "préstamo familiar", algo que quedó "certificado por el actuario que intervino" en el expediente.

Todo este asunto, según ha dicho, quedó resuelto el 30 de enero de 2009 por parte de la Diputación, que "confirmó" la veracidad del mencionado préstamo y que el resto del dinero procedía de "disposiciones de cuentas bancarias que han quedado acreditadas".

"Se procedió a cerrar el expediente y se dio por zanjado el 30 de enero de 2009", ha manifestado. De Andrés ha destacado que "igual de legal es una transferencia" que un pago en metálico, si el origen de los fondos está justificado.

Además, ha subrayado que "no es verdad" que existiesen dos pagos de 100.000 euros cada uno, como tampoco lo es que se le inspeccionara o sancionara, tal y como -según ha lamentado— se ha indicado en "informaciones insidiosas y muy mal intencionadas". "Todo es regular. La Diputación analizó el pago y lo dio por bueno", ha concluido.