Manuel Prieto, el abogado del maquinista Francisco José Garzón que vuelve ahora a ser el único imputado en la causa por el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, considera "inaceptable" que la Audiencia Provincial de A Coruña señale la posibilidad de mantener "el riesgo dentro de un nivel que haya de considerarse permitido", después de que en dicho descarrilamiento falleciesen 79 personas.

La defensa del maquinista del Alvia siniestrado asegura "no compartir" las argumentaciones de los magistrados, que en un auto notificado este miércoles a las partes dejan sin efecto la imputación a 12 excargos de Adif que había adoptado el anterior juez instructor, Luis Aláez.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, Prieto subraya que el sí entiende que el sistema de control de la velocidad ERTMS —más seguro que el Asfa— "es obligatorio", en base a normas comunitarias y españolas. Con todo, advierte de que con otros mecanismos también se podía haber evitado el accidente, como ocurre ahora, cuando en la vía sigue sin estar instalado.

Además, Manuel Prieto llama la atención sobre cuestiones que admite la Audiencia relativas a "errores que comete Adif", en cuanto a "señalización, etcétera", que "parece que son todas irrelevantes". "¡Parece mentira!", exclama.

Pero en concreto se fija en el punto en el que el auto analiza ese riesgo "permitido", para destacar que ese riesgo "hay que anularlo", pues es "inaceptable", "la seguridad del viajero es lo primero" y "el despiste de un maquinista no puede dar origen" a lo que sucedió en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013.

"responsables de la infraestructura tienen que ser juzgados"

Así las cosas, el letrado apunta ahora a la finalización de los informes de los peritos, a los que el anterior instructor puso un plazo de seis meses, prorrogables, y a los que cree que el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, "quizá tenga que poner otro plazo".

"La justicia requiere que haya responsables de la infraestructura que tienen que ser juzgados", reflexiona Manuel Prieto, que examina el auto de la Audiencia Provincial para determinar qué decisión tomar en aras de reactivar el procedimiento judicial.