Baquerín (UCOR) pide que se aclare "la legalidad" de la renuncia al Centro de Visitantes en favor de la Junta

El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha registrado un ruego para el Pleno Ordinario de la próxima semana en el que reclama que se emita un informe por la Secretaría General del Pleno y otro por la Intervención General, sobre "la dudosa legalidad" del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2014 de renuncia a la titularidad del Centro de Recepción de Visitantes en favor de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía.
El Centro de Recepción de Visitantes visto a través de la Puerta del Puente
El Centro de Recepción de Visitantes visto a través de la Puerta del Puente
EUROPA PRESS

El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha registrado un ruego para el Pleno Ordinario de la próxima semana en el que reclama que se emita un informe por la Secretaría General del Pleno y otro por la Intervención General, sobre "la dudosa legalidad" del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2014 de renuncia a la titularidad del Centro de Recepción de Visitantes en favor de la Consejería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía.

También, pide explicaciones sobre el acta de entrega de llaves de 17 de septiembre de 2014, que resulta de "una ambigüedad notable", al tiempo que advierte de que "el citado edificio se entrega, según parece, completamente amueblado a costa de las arcas municipales; luego la cesión también pudiera afectar a la titularidad de bienes".

Según detalla, el inmueble se halla inscrito como bien demanial en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, y por tanto es "evidente que tanto su mera posesión como su propiedad en ningún caso pueden ser cedidos a terceros por la Junta de Gobierno local, ni por el primer teniente de alcalde sin mediar la concurrencia de una serie de motivos fundados, de requisitos previos legales y de trámites administrativos que en este caso concreto no parece que se hayan cumplido".

Así, cree "necesario determinar la responsabilidad en la que han incurrido o pueden incurrir tanto los integrantes del gobierno de la Corporación que han adoptado esta cuestionable decisión como aquellos otros capitulares que asistan impasibles a esta estrafalaria forma de actuar".

Igualmente, no ve razonable que "en ningún caso la Junta de Andalucía se deba prestar a este aparente dislate en atención a meros intereses políticos o publicitarios, y por ello a sus responsables les resulta exigible el mayor rigor y cuidado", algo que le ha recordado mediante un escrito dirigido a la Consejería competente.

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