La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado este miércoles con el alcalde del Ayuntamiento de Carcabuey, Antonio Osuna, el convenio para desarrollar en dicho municipio el programa La Ciudad Amable, que persigue un modelo de intervención urbana que genera nuevos puntos de encuentro ciudadano, resta espacio al coche y otorga mayor protagonismo al peatón y a la bicicleta.

Según ha explicado Cortés en rueda de prensa, además de Carcabuey, la Consejería de Fomento también ejecuta actuaciones de este programa en Castro del Río, Cañete de las Torres, Villanueva del Duque, Montalbán y Pozoblanco, es decir, en seis municipios de Córdoba y con una inversión ronda los 200.000 euros de media por cada actuación.

A este respecto, Cortés ha explicado que "La Ciudad Amable es la expresión de un cambio de mentalidad en la forma de intervenir en el espacio público. El ejemplo más claro es que es un programa con carácter eficiente en cuanto a las inversiones, rompiendo con el paradigma de intervención urbana marcado por el boom de las infraestructuras", siendo también 'La Ciudad Amable' "parte de una constatación, la de que es posible cambiar a mejor una ciudad, transformar su modelo de movilidad y hacerla más cómoda y accesible con intervenciones sencillas en su espacio público".

Los proyectos de 'La Ciudad Amable' son "consensuados con los ayuntamientos, que a su vez han dialogado con los vecinos", según ha expuesto la consejera, quien ha señalado que se trata de intervenciones "económicamente eficientes, socialmente rentables y medioambientalmente sostenibles".

En el caso de Carcabuey, la actuación consiste en un tratamiento de la carretera CO-7209 a su paso por el núcleo urbano. La travesía tiene circulación en ambos sentidos y mucha intensidad de tráfico por una calle sin acerado y sin resguardos. El proyecto prevé eliminar un sentido de circulación, colocando dos semáforos y un pequeño tramo de acerado.

Elena Cortés ha recordado que la inversión media de los proyectos seleccionados en toda Andalucía se sitúa en torno a los 200.000 euros, lo que demuestra que "no son necesarias obras faraónicas para generar cambios profundos en la movilidad", ya que "La Ciudad Amable persigue ampliar los espacios públicos y devolver a los ciudadanos puntos de encuentro y ocio", según ha insistido la consejera, quien ha subrayado que la clave de esta iniciativa ha sido "el diálogo con las administraciones locales".

De los 711 ayuntamientos de toda Andalucía, un total de 382, la mitad, se han adherido ya a 'La Ciudad Amable' y 204 han presentado propuestas de intervención, de entre las que se han seleccionado 52, conforme a los siguientes parámetros: calidad urbana y ambiental; activación del espacio público; accesibilidad y conectividad; participación e integración social; fomento del empleo e igualdad de género; eficiencia energética; innovación y creatividad, y posibilidades de reproducción del modelo. La inversión para las 52 actuaciones es de más de once millones.

Defensa de la vivienda

Por otro lado, la consejera de Fomento y Vivienda ha firmado también con el alcalde de Carcabuey la adhesión de este municipio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, garantizando así el desarrollo y aplicación efectiva en este municipio de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla esta iniciativa.

Con la rúbrica de Carcabuey, ya se han sumado al programa 45 ayuntamientos cordobeses y 269 en toda Andalucía, es decir, más de un tercio del conjunto de consistorios de la comunidad autónoma.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento de Carcabuey, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestará asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

El Ayuntamiento también se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública.

El Ayuntamiento facilitará a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

El acuerdo contempla la constitución de una comisión de seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se susciten en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El convenio tiene una vigencia de cuatro años prorrogables.