La Fiscalía de Sevilla considera que no existen motivos para que se impute al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) en el presunto delito societario que la juez Mercedes Alaya investiga en cuanto a la anterior gestión de Mercasevilla, por lo que no solicitará que sea imputado en la causa, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El pasado 18 de septiembre, José Ignacio Alonso Rivero, socio de la empresa auditora 'Price Waterhouse Coopers S.L., declaró como imputado y aseguró que el equipo auditor fue "engañado" y dijo que "es cierto" que el Consejo de Administración de esta sociedad mixta, del que formaba parte el propio Sánchez Monteseirín, "le permitió hacer el informe de auditoría a sabiendas de que le ocultaban información relevante".

El auditor explicó que, el 17 de febrero de 2009, "el Consejo de Administración formuló y firmó las cuentas anuales y tras su formulación, en la misma sesión, aceptó 'el cese'" del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", pero "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe los motivos reales por los que fue cesado". "Básicamente, la información que da lugar al cese del director son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla", señaló.

Las fuentes consultadas, en este sentido, han explicado que la Fiscalía de Sevilla no solicitará la imputación del exprimer edil porque no ve motivos para ello, ya que Sánchez Monteseirín "no sería el responsable" de la gestión supuestamente irregular y de los delitos societarios que investiga la juez Alaya en esta causa.

La declaración del auditor de mercasevilla

Al hilo de ello, han precisado que el hecho de que el exalcalde hubiera ocultado el verdadero motivo por el que se produjo el cese de Fernando Mellet no integraría los elementos que configuran un delito societario como el que se investiga en esta causa en relación a Mercasevilla.

El auditor, que previamente a su declaración pidió la imputación del exprimer edil, señaló en relación al Consejo de febrero de 2009 que "se reflejó en el acta que el cese" de Mellet "era por motivos personales, e incluso hubo felicitaciones", añadiendo que "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe los motivos reales por los que fue cesado", aunque "la propia Alcaldía en posterior comunicado ha reconocido la existencia de grabaciones sobre hechos que eran muy graves y que debería haber dado lugar a comunicación" al imputado "y a no formular las cuentas el 17 de febrero".

Así, añadió que, "básicamente, la información que da lugar al cese del director son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla, pero también había comisiones sobre los ERE de Mercasevilla", un hecho que "hace que el escenario cambie radicalmente", de manera que "lo primero que hay que hacer es comunicárselo al auditor e iniciar un procedimiento forense antes de iniciar las cuentas anuales para ver si hay o no un impacto en las cuentas".

"patas arriba"

Tras explicar que la 'carta de manifestaciones' "es una carta que es pilar fundamental de la confianza que se puede depositar en una entidad; la prueba de la buena fe que hay con el auditor", el imputado dijo que la empresa "debe iniciar ese procedimiento forense para poner patas arriba la sociedad en relación a las cuentas anuales, porque el solo hecho de la pérdida de confianza en la persona que tiene los poderes en la empresa, ello 'per se' ya tiene la suficiencia relevante".

"Si los administradores nos informan de que por ejemplo en las escuchas hay referencias a comisiones en los ERE, a partir de ahí las puede haber en otros temas", afirmó el imputado, que defendió que el equipo de auditoría "hizo las pruebas que eran idóneas y razonables, pero no podían saber de circunstancias desconocidas que hubieran dado un giro muy importante y se podían haber ahorrado muchos problemas".

José Ignacio Alonso Rivero tachó de "indignante" que "ningún administrador del PSOE, ni PP, ni Mercasa, ni nadie nos dijo nada de los motivos por los que se acordaba el cese" de Mellet, "y tuvieron que enterarse al igual que el resto de los ciudadanos por la prensa", e insistió en señalar que si la 'carta de manifestaciones' "le hubiera puesto de manifiesto la realidad de la sociedad, hubiese realizado en su informe de auditoría salvedades y el resultado hubiese sido completamente diferente" y "se habría realizado un procedimiento forense".

"LAMENTABLE"

"La 'carta de manifestaciones' contribuyó enormemente al engaño del equipo de auditoría", subrayó el imputado, que calificó de "lamentable" que la Junta de Accionistas aprobara las cuentas el 1 de abril "dejando que el auditor anteriormente presentara su informe sin ponerle en su conocimiento lo ocurrido".