El exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, quien este miércoles ha sido trasladado desde la cárcel de Palma hasta los Juzgados de Vía Alemania para ser interrogado como testigo por el juez José Castro, ha negado su vinculación con el presunto fraccionamiento de un pago de hasta 109.138 euros que el Govern de Jaume Matas, durante su última legislatura (2003-2007), habría abonado a través de varias de sus empresas públicas, en forma de contratos menores, a la mercantil Over Marketing.

Más en concreto, el exalto cargo ha sido inquirido en torno a cuatro facturas de 2.969 euros cada una, que fueron cargadas en junio de 2007 por empresas del entramado de Over a Bitel y que, según las investigaciones, corresponden a trabajos por inserciones en prensa realizadas anteriormente, en 2005 y 2006, en el marco del llamado proyecto 'Ciberpime'. Una iniciativa por la que el Ejecutivo balear pagó los 109.138 euros en distintos contratos para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa a Over.

Vidal ha negado, no obstante, haber visto antes las cuatro facturas que le han sido exhibidas en el marco de esta causa y ha asegurado que desconocía el proyecto 'Ciberpime', impulsado en concreto por la Dirección General de Tecnología y Comunicación. En su comparecencia, el testigo ha incidido en que él no encargó los servicios objeto de las facturas y que nadie de la Dirección General le comunicó que las empresas del grupo Over se las remitirían a Bitel.

El testigo ha señalado que estas facturas se las podrían haber "colado" a Bitel, coincidiendo con el final de la legislatura, ratificando de este modo la declaración que ya prestó en dependencias de la Guardia Civil.

Según un informe del Instituto Armado aportado a estas pesquisas, al que tuvo acceso Europa Press, el Govern desgajó en varios contratos los más de 100.000 euros abonados a Over para que ésta diese publicidad a la campaña 'Ciberpime'. Para que la empresa pudiera hacerse con la contratación, el pago fue fraccionado a través de varias Consellerias, Direcciones Generales, empresas públicas -entre las que se encontraba Bitel- y una mercantil privada, Indra, que "nada tuvo que ver" con la campaña.

El exalto cargo del PP cumple una condena de cinco años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la Administración y cohecho, al haber ideado y planificado, durante el mismo mandato, una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad.