El senador del PP cordobés y portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Alta, Jesús Aguirre, ha afirmado este martes que "es la Junta de Andalucía quien está frenando la llegada de más recursos del Estado" para el sistema de la dependencia en la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa en Córdoba, el popular ha detallado que los beneficiarios con prestación son los que generan el coste de atención a la dependencia, y la Administración General del Estado transfiere fondos a las comunidades autónomas en función del número de beneficiarios con prestación reconocida y del grado de dependencia.

"Las comunidades son las únicas competentes en la valoración y reconocimiento de los nuevos dependientes para conceder las prestaciones, y en el caso de Andalucía, la Junta está haciendo dejación de funciones y no está haciendo nuevas valoraciones para la incorporación de nuevos dependientes al sistema", dice Aguirre.

Atendiendo a las cifras, en el año 2011 en Andalucía había 194.877 beneficiarios de prestación por dependencia, a fecha 31 de agosto de 2014 los beneficiarios eran 156.004, es decir, 38.873 dependientes menos reconocidos por la administración andaluza, lo que supone un 20% de recorte.

En Córdoba, precisa que en diciembre de 2011 había 20.248 beneficiarios de prestaciones por dependencia, y a 31 de agosto de 2014 solo 16.021, es decir 4.227 menos, un 21% de recorte.

En el ámbito nacional, "todas las comunidades siguen aumentando la incorporación de nuevas beneficiarios con prestación para ser atendidos, excepto Andalucía", señala Aguirre, quien comenta que desde el año 2011 hasta el pasado mes de agosto se han incorporado 262.388 nuevos beneficiarios en toda España, con una media de 273 nuevos dependientes al día, llegando a un total de 721.521.

"Mientas esto sucede a nivel nacional, en Andalucía el número de dependientes baja porque no se están llevando a cabo las evaluaciones de nuevos beneficiarios que cubran la tasa de reposición, y todo ello por no hacer frente al coste económico que esto supone para la Junta", afirma el senador cordobés.

Esta "dejación de funciones" por parte del Gobierno andaluz conlleva un importante aumento en las listas de espera de personas pendientes de recibir una prestación. "Si la Junta no evalúa, aumentan las listas de espera", dice el popular.

En diciembre de 2011 había, a nivel nacional, 305.941 personas pendientes de evaluar para recibir la prestación por dependencia. A 31 de agosto de 2014 la cifra se ha reducido un 42,25%, quedando 156.274 personas pendientes de valoración. Con lo cual, "el Gobierno de España del PP está haciendo una apuesta importante por las políticas sociales, y junto a las comunidades gobernadas por el PP se está bajando la lista de espera de futuros dependientes en gran medida, sin embargo la Junta de Andalucía no hace sus deberes y olvida a los futuros dependientes en un cajón sin tramitar sus valoraciones para recibir las ayudas", afirma Aguirre.

Asimismo, destaca que la financiación del sistema de dependencia también se ve influida por los grados reconocidos entre los dependientes, de modo que los grados más severos suponen un mayor coste y una mayor financiación. Precisamente en Andalucía han descendido las resoluciones de reconocimientos de los beneficiarios de grado III —dependientes severos o grandes dependientes—, lo que también ha supuesto menor financiación.

En diciembre de 2011, los dependientes de grado III en Andalucía eran 89.760; en mayo de 2014 los beneficiarios son 69.202, es decir, se ha producido un descenso de 20.558 personas dependientes severos reconocidos por la administración andaluza.

En Córdoba, según añade, en diciembre de 2011 había 9.314 dependientes con grado III, y en mayo de 2014 la cifra es de 6.703, lo que supone 2.611 dependientes severos menos en la provincia.

El senador cordobés también ha apuntado que el Gobierno de España asigna y paga de forma mensual la financiación de la dependencia a las comunidades, si bien, advierte, "la Junta de Andalucía tiene establecido un sistema pago a 90 días a las empresas, entidades e instituciones que gestionan el sistema de dependencia, como reconoció la propia presidenta de la Junta en el Debate del Estado de la Comunidad".

Así, lamenta que "la Junta está utilizando durante 90 días el dinero que recibe del Estado para pagar la dependencia, y lo utiliza en gasto corriente o mantener la administración paralela ninguneando al tercer sector que presta los servicios de dependencia y las empresas que se dedican a ello, con lo que los principales perjudicados son los usuarios de este sistema", concluye.