El gobierno del PP en la Diputación de Córdoba ha reducido en 6.563.921 euros —un 40%— la deuda contraída con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria (Hacienda) por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios en el anterior mandato, deuda que superaba los 16 millones de euros y que se sitúa ahora en 9.217.350 euros, más los intereses correspondientes.

Así lo ha explicado este martes, en rueda de prensa, el presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Gutiérrez, quien ha realizado, junto al gerente de dicho organismo, Juan Carlos Jurado, un balance de la situación de la deuda y del estado de las causas penales pendientes de resolución.

Gutiérrez ha explicado que, "de los 6,5 millones pagados, 2.679.399 euros corresponden a la Seguridad Social y 3.884.521 a retenciones del IRPF". En cuanto a lo que resta por pagar, unos 6.414.956 euros se deben a la Seguridad Social y 2,8 millones más los intereses a la Agencia Tributaria.

El presidente del Consorcio de Bomberos ha adelantado que para poder saldar de forma íntegra la deuda "tendremos que solicitar un nuevo aplazamiento a la Seguridad Social y a Hacienda, ya que tendríamos que pagar 320.000 euros de deuda al año". De este modo, ha continuado, "solicitaremos un aplazamiento para volver a atender los pagos de nuestros 220 efectivos y nos pondremos de acuerdo con los agentes consorciados".

El también delegado de Presidencia y Gobierno Interior ha hecho hincapié en que "esta situación ha impedido el funcionamiento normalizado del Consorcio y que los parques no estén en la situación que tendrían que estar, ya que no se han podido adquirir los vehículos que necesitaban". En este sentido, Gutiérrez ha aportado como dato que "con los 6,5 millones destinados al pago de la deuda se podrían haber adquirido diez o 12 vehículos totalmente nuevos".

En esta línea se ha manifestado también el gerente del Consorcio, Juan Carlos Jurado, quien ha insistido en que "el pago de la deuda a la Seguridad Social de 2015 es equivalente a construir dos veces y media el Parque de Bomberos de La Carlota (Córdoba)".

Jurado ha explicado, además, que a la cifra de 9,2 millones pendientes habría que sumar un millón de euros "de apuntes extra-presupuestarios que no eran regularizados, ni siquiera con el paso del tiempo", pues, "desde 2001 hay cargos de nóminas, pagos a la Seguridad Social, etcétera, que no tenían su reflejo presupuestario, por lo que tendremos que seguir dotando esta partida que sigue siendo deuda".

Causas penales pendientes

Por otra parte, el presidente del Consorcio de Bomberos ha realizado un recorrido por las causas penales aún abiertas en diferentes instancias judiciales. A este respecto, ha explicado que se sigue causa penal en el Juzgado de Posadas (Córdoba) tras la denuncia interpuesta por la realización de obras en el Parque de Bomberos de La Carlota sin que hubiera procedimiento de contratación (por valor de 300.000 euros). Gutiérrez ha valorado positivamente el hecho de que el Parque de Bomberos de La Carlota "ya cuenta con licencia de legalización de obras y utilización".

También en el Juzgado de Posadas hay abierta otras causa penal, en este caso pendiente de prueba testifical, por la contratación de una póliza de crédito -por importe de 2,8 millones de euros-, "contraviniendo los acuerdos emanados de los órganos colegiados de gobierno de este Consorcio y suplantándose en el proceso de contratación a la que era secretaria".

También hay otra causa penal en el Juzgado número dos de Córdoba, en este momento en la Audiencia Provincial, por la presunta apropiación de fondos y malversación por importe de 600.000 euros. Según ha precisado Gutiérrez, "las acciones denunciadas tenían su origen en la percepción por el anterior gerente de ingresos no justificados por horas extras, anticipos no descontados, facturas duplicadas, etcétera".

Finalmente, se encuentra en el Tribunal de Cuentas la causa denunciada sobre responsabilidad por alcance por el daño ocasionado al Consorcio por el impago de las cuotas de la Seguridad Social y los impagos de las retenciones del IRPF. Igualmente, se enjuicia en dicho tribunal la existencia de un alcance en los fondos públicos de 613.291 euros más 26.984 euros de intereses legales, del que resultan presuntamente responsables el anterior gerente y el anterior interventor del Consorcio.

Además, está también en el Tribunal de Cuentas, remitido por el Juzgado de Posadas, la comprobación del proceso de realización de las obras del parque de La Carlota, donde se desprenden diferencias de precios aplicados con relación a los de mercado, no acotación de los terrenos a la cota cero de nivel y la existencia en el lugar de una granja avícola; "aspectos que se tuvieron que subsanar a costa de las arcas del Consorcio".

Por último, la fiscalía ha solicitado al ente provincial información sobre la existencia de cinco efectivos que no habían sido declarados aptos en los procedimientos médicos pertinentes.