El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha desestimado la reclamación de la empresa Tecnología de Espacios Construidos S.L. (TEC), que pide 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de Cuenca en base a un documento suscrito por el anterior alcalde, Francisco Pulido, sin conocimiento de los órganos de control municipal, y va a remitir el expediente a la Fiscalía para que estudie si existe ilícito penal a la vista de la tramitación seguida en la firma de ese anexo.

Así lo aprobó la Junta Local de Gobierno, en la sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes, tal y como ha explicado la portavoz del equipo de Gobierno, Consuelo García, que ha señalado que esta decisión se basa en los informes de la Secretaria General y la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Cuenca y con ello se pretende "no causar daño patrimonial alguno al Ayuntamiento de Cuenca".

García ha señalado que los informes, tanto de la Secretaría General como de la Intervención, son "contundentes", pues la Secretaría asegura que el contrato de adjudicación, en régimen de concesión de obra pública, para la construcción, conservación y explotación de una Casa del Agua en Cuenca, firmado por Francisco Pulido en 2009, "es nulo de pleno derecho".

Informes de la secretaria

Según ha explicado la edil, la Secretaría alega que "el anexo recoge un compromiso de gasto municipal para diez años, por lo que el presupuesto municipal de cada uno de esos ejercicios debía contemplar consignación presupuestaria para hacer frente al mismo, y el órgano competente para compromisos de gasto de ejercicios futuros es el Pleno del Ayuntamiento, no el alcalde".

Según la portavoz municipal tampoco se siguió el procedimiento adecuado para aprobar el anexo como parte del contrato. "Si se consideraba un anexo al contrato y por tanto formaba parte del mismo, debía haberse aprobado por el órgano de contratación, la Junta de Gobierno Local y siguiendo los trámites que la Ley de Contratos del Sector Público y no consta que así se hiciera", ha dicho García.

El informe de la Secretaría General advierte además de que el documento en el que Pulido se compromete a pagar a una empresa privada 1,8 millones de euros en diez años "está firmado el 10 de noviembre de 2009 y en esa fecha, según consta en el expediente, TEC no era aún adjudicataria del contrato de concesión".

Sin fuente de financiación

Asimismo, observa que "el plan económico-financiero presentado por el concesionario en el momento de la licitación no señala como fuente de financiación al Ayuntamiento, ni tampoco recoge como ingresos en la explotación la aportación municipal".

Por último, la portavoz del equipo de Gobierno ha dicho que la Intervención General levantó un reparo en diciembre de 2012 sobre nulidad del anexo y el pleno, con 13 votos a favor de los concejales del Grupo Socialista y 12 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, se allanó al reparo formulado por la Intervención. "Por tanto —ha concluido— cuando el anexo fue tratado por el órgano competente para aprobar el gasto, no se aprobó".

García también ha indicado que "no existe ni ha existido obligación del Ayuntamiento frente a estos particulares", que "los documentos que ostentan no le otorgan ese derecho" y que "si esos documentos fueron emitidos vulneraron la legalidad, y creando un perjuicio para el Ayuntamiento bajo una apariencia de legalidad, ese debe de reclamar a quien los otorgó", es decir al ex alcalde Francisco Pulido.

"Concluye que en ningún caso el Ayuntamiento puede amparar un acto administrativo que vulnera gravemente la ley y que puede ser tipificado como ilícito penal", ha apuntado.

Por todo ello, la portavoz del equipo de Gobierno ha asegurado que van a exigir que se depuren las responsabilidades políticas y ha pedido nuevamente la dimisión del concejal del actualmente concejal del Grupo Popular, Francisco Pulido, que "debe dar explicaciones a la ciudadanía y marcharse".