Audiencia de Valladolid recrimina a la juez del 'caso Samaniego' dilaciones que ponen en peligro la investigación

Ha estimado íntegramente las pruebas que en julio fueron solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el bloqueo de las cuentas de los imputados
Luis Alberto Samaniego (izda), junto a su abogado, Luis Lavín.
Luis Alberto Samaniego (izda), junto a su abogado, Luis Lavín.
EUROPA PRESS
Luis Alberto Samaniego (izda), junto a su abogado, Luis Lavín.

La Audiencia de Valladolid considera que la titular del Juzgado de Instrucción número 4, encargada del denominado 'caso Samaniego', pone en peligro el curso de las investigaciones como consecuencia de las "dilaciones sin justificación" habidas a la hora de tramitar y resolver la admisión o no de determinadas pruebas solicitadas por las partes.

Así se recoge en un auto de la Sección Cuarta de lo Penal en el que, además de estimar pertinentes distintas pruebas que la Fiscalía solicitó en el mes de julio y que fueron denegadas por la juez, muestra su malestar por el hecho de que el recurso de apelación de la acusación pública no le haya llegado hasta hace unos días, "lo que supone una dilación sin justificación" y, a su juicio, "ha podido perjudicar la investigación" del caso, según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas.

Y es que el tribunal recuerda la presunta destrucción de pruebas denunciada en agosto ante la policía por un funcionario de Mantenimiento que, a petición del defensor de los Samaniego, declarará como testigo en el juzgado el próximo día 19 de noviembre, junto con otra empleada municipal, sin que la juez se hubiera pronunciado hasta entonces respecto de la petición de Fiscalía para que declaren por esta misma razón otros cuatro trabajadores más.

Además de la demora en la resolución de dicha solicitud, la Audiencia de Valladolid recrimina a la instructora por no haber justificado la denegación de las diligencias pedidas por Fiscalía y que ahora sí han sido estimadas por el tribunal que preside José Luis Ruiz Romero, cuya sala recuerda a la magistrada que pese a haber considerado la causa como de tramitación 'no preferente' "lo que pasa es que en muchas ocasiones la respuesta tardía a dichas solicitudes ocasiona un debilitamiento considerable de la tutela judicial efectiva".

En este sentido, insiste en que a pesar de ello es preciso "imprimir cierta urgencia al menos a algunas de las diligencias solicitadas, máxime cuando al no ser así las partes imputadas podrían llevar a cabo actuaciones como la denunciada de destrucción de pruebas, que de ser cierta en su contenido supondría un claro perjuicio para la investigación".

La sala realiza esta advertencia antes de conocer que la instructora acababa de aceptar la petición de Fiscalía para que declaren en noviembre como testigos los otros cuatro trabajadores de mantenimiento que prestaron testimonio en agosto ante la policía al objeto de que aclaren la supuesta destrucción de documentos.

Declaración de todos los de mantenimiento

En su auto, la Audiencia de Valladolid estima ahora todas las pruebas solicitadas en julio por la acusación pública y denegadas por la juez, como el bloqueo de las cuentas de las personas físicas y jurídicas imputadas, la facilitación por parte del Ayuntamiento del expediente completo del que fuera jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego; la declaración como testigos de todos los trabajadores del referido servicio y de las empresas del grupo familiar, así como que el Servicio de Intervención municipal emita un informe de todas las facturas relativas a los investigados en el que se especifique si los trabajos han sido realizados o no y si el precio pagado se corresponde con el de mercado.

Hasta la fecha, han declarado como imputados el exjefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego conde, ya jubilado; su hijo, Luis Javier Samaniego Miguel; el primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas familiares, Miguel Ángel Rodríguez Patín, a quienes se acusa de haberse puesto de acuerdo para adjudicarse obras y servicios menores desde el año 2000 cuyo volumen supera los 11,2 millones de euros.

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