El Servizo Galego de Saúde (Sergas) mantiene recurrida una sentencia judicial que le obliga a dar el tratamiento por déficit de la hormona de crecimiento a un niño de Ourense, la misma patología que padece el menor por el cual intercedió la Reina Letizia y que consiguió la reapertura de su caso para analizar que la sanidad pública asuma su costa medicación.

El retraso psicomotor y cognitivo en Víctor, un niño de seis años de Ourense, se diagnosticó cuando tenía dos años y, a los tres, según ha explicado a Europa Press su madre, todavía no "andaba" ni "hablaba". "Apenas tenía musculatura", ha asegurado Rosa María Silva Barbeito, quien ha indicado que desde que empezó con el tratamiento hace casi dos años "mejoró mucho" y, de hecho, ahora ya va al colegio.

Cuando conocieron que su hijo tenía un déficit de crecimiento, empezó el recorrido por los médicos. Desde 2011, el tratamiento le ha sido negado por parte del comité asesor del Sergas, pese a que la pediatra endocrina del Complexo Hospitalario de Ourense que atendió su caso solicitó que la sanidad pública sufragase sus medicamentos y el seguimiento sanitario.

La familia del niño acudió a la vía privada y obtuvo la medicación de 'Humatrope', traída desde Madrid a Ourense, lo que le ocasionó gastos de más de 700 euros, hasta que entró en contacto con la fundación Foltra. Esta cuantía también forma parte de la condena judicial y, de hecho, ya han sido abonados.

En septiembre de 2011, la familia contactó con la fundación Foltra —Centro de Rehabilitación Neurológica— porque el menor presenta défictis cognitivos y psicomotrices.

Esta fundación, según ha indicado la madre, los apoyó para que el niño recibiese la medicación, con un coste de unos 500 euros mensuales. Además, la familia inició una campaña de recogida de tapones, lo que le permitió sufragar gastos del tratamiento y le animó a elevar el caso a la justicia.

Batalla judicial

En septiembre de 2013, la familia llevó el caso a la Justicia, que dictaminó en noviembre de ese año que el Sergas tenía que hacerse cargo de los gastos pagados a la clínica madrileña, así como "asumir el tratamiento íntegro", tanto la medicación como las pruebas diagnósticas complementarias.

En el fallo judicial, se considera probado que en 2010 se realizaron pruebas médicas que "claramente" indicaron "la no respuesta secretora a la estimulación", es decir, desvelaron un "déficit secretor de la hormona del crecimiento".

Por otro lado, apela a que la pediatra endocrina que atendió al niño en el Hospital Universitario de Ourense solicitó el tratamiento, que "fue denegado por el comité asesor" por entender que una de las pruebas no era "valorable" por la edad que tenía el niño.

La Fundación Foltra decretó el tratamiento en febrero de 2013 y, en la revisión de abril de ese año, el niño había crecido 4 centímetros y aumentado el peso en un kilo, según constató el juez por la cartilla médica. En septiembre de ese año, y tras una nueva analítica, se determinó que "no había efectos secundarios" y que "continuaba la evolución positiva a nivel cognitivo y psicomotriz", puesto que conocía ya los números y las letras.

El juez señala que la suministración de la hormona de crecimiento "fue solicitada por la pediatra que atiende" al niño, mientras que "los resultados obtenidos" tras ello mostraron que era "evidente que causan un resultado positivo en el paciente".

El Sergas recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la sentencia judicial. La resolución final todavía está pendiente, pero un nuevo auto de enero de 2014 obligó a la Administración a hacerse cargo de la medicación del niño, imponiendo la ejecución provisional del fallo.

El sergas recurrió y apeló a la devolución dineraria

Así, el Sergas fue condenado a pagar la cuantía de 780 euros por los gastos ocasionados. En el auto, el juez advirtió a la administración sanitaria que no podía alegar que la madre del niño "no estaría en condiciones de devolver" la cantidad dineraria por el tratamiento si se llegase a resolver desfavorablemente para la familia de Víctor.

"Además de no estar acreditada dicha circunstancia, se estaría discriminando por la situación económica (de la familia), cuando las personas que tienen menos recursos son las más necesitadas de protección", avisa el juez, que recuerda que "está en juego la salud de un niño".

Pide que se retire el recurso

En este contexto, la madre de Víctor pide que el Sergas "retire el recurso" a la sentencia que obliga a la Administración a hacerse cargo del tratamiento de su hijo.

Hasta ahora, según ha querido dejar constancia la madre, mantuvo su situación en privado, pero se ha animado a contarla a raíz de que saltase a la luz el caso del niño de Ourense por el que intercedió la Reina y a cuya familia, en efecto, conoce. "Yo no quiero perjudicar a Ismael", ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, la madre de Víctor.

"Lo que pedimos es que no tengamos que estar pendientes del próximo juicio y que nos digan que no. Que le den el tratamiento hasta los 14 años y que me dejen vivir tranquila", clama la madre de Víctor. Rosa María Silva apela a que "es muy duro tener este problema" y lamenta que, teniendo "arreglo" con una medicación, se la denieguen.

Consultado por parte de Europa Press el Sergas, fuentes de la Consellería que dirige Rocío Mosquera han apuntado que "no comenta" casos inmersos en causas judiciales ni historiales médicos.

No obstante, han justificado que la forma de actuar de la administración con respecto a los tratamientos de la hormona del crecimiento es dejar en manos de un "comité asesor" que tome la decisión, que se adopta "en función de la evidencia científica".