Enagás ha cerrado un acuerdo con un sindicato de bancos para la cesión de los derechos de cobro reconocidos a la empresa correspondientes a los 1.350 millones de euros de la indemnización correspondiente a Castor, de modo que la solución diseñada por el Gobierno para el almacenamiento subterráneo será "neutra" para la compañía presidida por Antonio Llardén.

Conforme al acuerdo alcanzado este viernes por el Consejo de Ministros, Enagás asumirá la compensación por valor de 1.350 millones acordada por el Gobierno para Escal UGS, la empresa promotora del almacenamiento subterráneo. Enagás podrá recuperar el importe durante treinta años a través de un cobro anual procedente del sistema gasista.

El real decreto ley aprobado por el Ejecutivo permite a Enagás ceder estos derechos de cobro, y eso es lo que acaba de acordar. "Enagás ya ha convenido con varias entidades financieras la cesión a dichas entidades de sus derechos de cobro con cargo al sistema gasista", asegura la empresa.

"Dicha cesión de derechos de cobro, con cuyo precio se satisfará el pago al que hace referencia el real decreto ley, se formalizará de manera inmediata, coincidiendo con la publicación del real decreto ley en el Boletín Oficial del Estado", añade.

Por este motivo, la operación "tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero", ya que no habrá "efecto en las cuentas, no incrementará el endeudamiento y no alterará los objetivos de inversión".

Enagás considera que tampoco tendrá ningún impacto en el rating de la compañía. De hecho, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha decidido mantener el 'rating' del gestor técnico del sistema gasista.

El real decreto ley aprobado por el Gobierno sobre "medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente en relación con el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor" anula la concesión de la explotación y establece su hibernación.

Al mismo tiempo, asigna su administración a Enagás Transporte, que en ningún caso se hará cargo de la concesión, indica la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Enagás solo se encargará de la administración.

La administración se otorga a Enagás porque es "la compañía de España con mayor experiencia en la gestión y en la operación de almacenamientos subterráneos y es titular de los tres principales que actualmente están en funcionamiento en el sistema gasista", que son las de Serrablo, Gaviota y Yela.

Por este motivo, la empresa aclara que "no realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en el almacenamiento y será responsable del mantenimiento de la instalación en condiciones seguras hasta que se decida el futuro de la misma".

Al mismo tiempo, el real decreto ley le reconoce "una retribución del sistema gasista por el desarrollo de estos trabajos de mantenimiento del almacenamiento hibernado y paralizado".