La fiscal de Ourense pidió nueve años y medio de prisión para un acusado de violar a su pareja cuando esta quiso dejar la relación que mantenían desde hacía tres meses, según las conclusiones del juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial.

El juicio duró dos horas y contó con el testimonio del acusado de agresión sexual y falta de lesiones, con el de la víctima, familiares de esta y dos peritos psicológicos que ratificaron un informe que elaboraron sobre la víctima en septiembre de 2013, casi siete meses después de los hechos ocurridos el 3 de febrero del mismo año, en el que víctima y agresor eran mayores de edad.

Según el relato de la agredida, llamó al acusado para anunciarle que iría por su casa —ambos vivían con sus respectivos padres— a recoger sus cosas y lo hizo al día siguiente.

"Entré en la casa porque tenía la puerta abierta, hablamos, recogí mis cosas y cuando ya me iba me cogió y me cargó en su hombro, volvió a meterme en la casa, cerró la puerta con llave y la guardó, mientras yo me resistía y le pedía que me dejara marchar", relató la agredida, detrás de un biombo.

Según su relato, habían discutido en otros momentos porque ella lo sorprendió mientras intercambiaba mensajes telefónicos con otra mujer. Pero en el día de los hechos, según la víctima, su única idea era irse.

"Me llevó a la habitación, me arrojó sobre la cama, y dijo que en ese momento mandaba él y me sujetó las manos, mientras yo lloraba y me resistía y le pedía que me dejara marchar", subrayó en su declaración.

A preguntas de la fiscal, la joven añadió que al terminar "él se fumó un cigarro con toda la calma" mientras se burlaba de ella y cuando lo acabó, le dijo que se podía marchar. Según el relato de la víctima, después de que su pareja le abriese la puerta ella le dijo que las cosas "no se quedarían así" después de lo que le hizo.

Mensajes para localizarlo

En el interrogatorio de su abogada, la víctima explicó que cuando puso la denuncia, animada por su hermano y por su madre, el agresor le envió un mensaje y ella respondió con lo que decía la policía para mantener la comunicación "y poder localizarlo", pues era a través de la aplicación 'whatsapp'.

Detalló además que después de los hechos no buscó atención psicológica pero que lo pasó "muy mal" los primeros meses.

El informe pericial psicológico, según explicaron las técnicas adscritas al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), se hizo en septiembre de 2013, e incluyó una prueba para medir la presencia de patologías de personalidad.

"El relato fue coherente y consistente, no consideramos que sea fabulado porque su perfil de personalidad es normal, y a pesar del paso del tiempo y de la reducción de los detalles, hay algunos que se mantuvieron como el del teléfono móvil que el le quitó para que no llamase", concretaron.

Las peritos respondieron a una pregunta de la defensa sobre la posible ansia de venganza de la víctima y respondieron que en la entrevista que le hicieron "sólo se veía que quería salir de la casa e incluso intentó entender lo ocurrido atribuyéndolo a que su expareja tuvo una infancia difícil".

Añadieron que siete meses después, no quedaron secuelas de lo ocurrido y que no apreciaron "ganancia secundaria por denunciar" pues la víctima "sólo quería que él la dejara en paz".

Falta de pruebas

El informe definitivo de la fiscal mantuvo la petición de nueve años y seis meses de prisión por la agresión sexual con agravante de parentesco, prohibición de contactar con la agredida durante diez años, una indemnización para la víctima de 7.000 euros, el pago al Sergas de otros 359 euros y una multa de 45 días a 10 euros por día.

La acusación particular incidió en los requisitos legales para tipificar el delito de agresión sexual, y aseguró que se cumplen pues el relato de la víctima "fue sin fisuras ni contradicciones", además de no tener un móvil para denunciarlo "como enemistad o algún otro", y añadió que el relato fue coherente "corroborado así por elementos periféricos como las lesiones, aunque leves, y el estado de nerviosismo narrado por los testigos".

Violencia e intimidación quedaron acreditados, según la abogada de la víctima, pues el acusado "no permitió a la mujer que se moviese como quería, al llevarla sobre los hombros con su oposición, al cerrar la puerta con llave y al sujetarla fuertemente".

La defensa consideró que la jurisprudencia exige la "existencia de pruebas o datos que den veracidad a la declaración de la víctima y desvirtúen la presunción de inocencia del acusado", y consideró que en este caso no existen.

"Los testimonios no fueron presenciales sino de referencia y todos cercanos a la víctima como su padre, su hermano y su amiga íntima y el relato de la mujer, considerado no fabulado por el Imelga, nunca fue contrastado con el del acusado", añadió.

Según la defensa, sí había una ganancia poniendo denuncia como muestra la petición de 14.000 euros de indemnización por secuelas "a pesar de que la orden de alejamiento permitió a la mujer hacer una nueva vida". Por ello, pidió la absolución por falta de pruebas y la jueza dejó el caso visto para sentencia.