PP, PSOE e IU-Verdes debatirán este jueves 13 enmiendas al proyecto de ley de Medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma. Este mediodía acababa el plazo de presentación de enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado diez iniciativas, IU-Verdes, dos y el PP solo una.

La diputada socialista, Teresa Rosique, ha explicado que con sus enmiendas pretenden que el decreto-ley recoja la capacidad que tiene la Administración regional de delegar competencias propias de la Comunidad Autónoma para que sean gestionadas por los ayuntamientos, "eso sí, garantizando la financiación adecuada para ello".

Los socialistas han aclarado que el decreto-ley "se queda corto" pues, según dicen, se centra principalmente en regular los informes de capacidad financiera y de justificar que no asumen competencias impropias. "Nosotros queremos ir más allá. Que se establezca la capacidad de delegar y de dejar fuera de competencias impropias los servicios que ya se prestan en los ayuntamientos", ha dicho.

Desde el PSOE se ha advertido que con la reforma de la ley, las plazas de atención temprana que gestionan los ayuntamientos serán consideradas como impropias. ""En centros de día tenemos 178 plazas del IMAS, en centro de día para mayores tenemos 521 plazas, en residencias para personas con discapacidad, 26 plazas y en residencias para mayores se afectaría a 197 plazas", ha recordado antes de añadir que el objeto de sus enmiendas es que esos servicios puedan seguir funcionando.

Por parte de IU-Verdes, su portavoz, José Antonio Pujante, ha advertido que este decreto-ley "se hace en el último minuto" gracias a la presión que existe desde la mancomunidad de servicios sociales de Mula y que supone un "ataque entre el PP estatal y PP regional, que deben solucionarlo ante su pésima gestión". El parlamentario también ha señalado que el proyecto de ley "se parece mucho al de Castilla y León".

IU-Verdes solo plantea dos enmiendas al texto. Una de ellas, de adición. En esta se propone que en ayuntamiento pueda ejercer acciones en caso de tener interés en que concluya la tramitación y no se vea perjudicado "por la posible inactividad de la Comunidad Autónoma".

La otra enmienda de IU-Verdes es de suprimir el plazo de tiempo de diciembre de 2015 para llevar a cabo la ley. "Este proyecto de ley nace por la necesidad de proteger a las mancomunidades y que puedan seguir prestando sus servicios sociales, por lo que no tiene sentido establecer un plazo de tiempo".

En cuanto al PP, solo han presentado una enmienda en la que se añade al articulado que se deberá exigir la incorporación de la cláusula de garantía de pago.

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