Málaga capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga tendrán que elaborar planes urbanos de movilidad sostenible al tratarse de municipios de más de 20.000 habitantes, tal y como ha subrayado este miércoles la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

Así lo recoge el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, aprobado el pasado 16 de septiembre y que el Consejo de Gobierno prevé llevar al Parlamento de Andalucía en el segundo periodo de sesiones de 2015.

A estos municipios se sumarán en esta obligación legal todos aquellos en los que el Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Málaga, actualmente en elaboración por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, detecte problemas, carencias o necesidades especiales en materia de movilidad.

En este punto, Cortés ha animado a toda la sociedad civil a participar haciendo aportaciones en el periodo de exposición pública del anteproyecto de Ley, que se prolongará hasta el 17 de octubre.

"La ley, al igual que ocurrió con el Plan Andaluz de la Bicicleta, será mejor cuanto más se involucre en ella la ciudadanía", ha señalado la consejera andaluza en rueda de prensa en Málaga.

Ha especificado que "Málaga y su área metropolitana, así como todos los municipios con necesidades de movilidad complejas, afrontan con esta ley cambios que serán profundos y duraderos". "Es imprescindible que la ciudadanía se implique y tome la palabra para definir esos cambios", ha indicado.

Planes urbanos

Los planes urbanos que deben realizar los ayuntamientos incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible; trazados de plataformas reservadas para el transporte público y también de vías ciclistas y peatonales; medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos, y mapas de zonas de calmado de tráfico.

También caminos escolares seguros; una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento; objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible; un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación, y un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas.

Estos planes deberán a su vez identificar los centros generadores de movilidad de sus municipios, entre ellos aquellos de trabajo con 200 o más personas; instalaciones educativas con más de 250 personas, entre alumnado y profesorado; polígonos industriales y parques empresariales; grandes superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, ambulatorios y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 individuos, y estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público.

"La ley incidirá en los mismos principios del programa 'La ciudad amable': más transporte público, más bicicleta y rentabilidad social garantizada en todos los proyectos de infraestructuras, que deberán incluir no sólo un informe de viabilidad económica, sino también de costes externos; es decir, de costes ambientales, sociales y sobre la salud pública", ha explicado la consejera, que ha recordado que Andalucía "es la primera Comunidad que establece este requisito".

Según Cortés, también promoverá "un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir de servicios", agregando que "el anteproyecto establece que los promotores de nuevas urbanizaciones que generen más necesidades de movilidad y, por tanto, de infraestructuras deberán contribuir a sufragar el coste de las mismas", lo que incidirá en "la eficiencia del desarrollo urbanístico y el modelo de ciudad".

Ello implica que si un desarrollo urbanístico aislado conlleva la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla, ha precisado la titular andaluza de Fomento y Vivienda.