Los sindicatos UGT, CC.OO., CIG y CSIF dan de plazo a la Consellería de Facenda entre este miércoles, día 1 de octubre, y el lunes 6 para que les convoque a una negociación "seria y real" de la ley de empleo público, que advierten que tiene un "enorme calado" y sobre la que fijan sus líneas rojas.

Así, en rueda de prensa este miércoles, los representantes de las organizaciones sindicales, José Vázquez, Emilio Doforno, Roberto Varela y José Sánchez Brunete, respectivamente, han expuesto su rechazo a la recuperación del denominado 'plus de altos cargos', por considerarlo "injusto" y de poca "catadura moral" en los tiempos que corren.

Igualmente, han subrayado su negativa a que la Xunta implante la figura del personal directivo, que vinculan con una "politización" de la Función Pública; y una evaluación "subjetiva" para determinar la carrera profesional que, en definitiva, hará depender de "la arbitrariedad" del superior inmediato la obtención de ciertas retribuciones.

Otra de las cuestiones que pretende imponer el Ejecutivo y que genera contestación entre los representantes de los empleados públicos son los cambios en la promoción interna, así como la ausencia de mecanismos en la norma para recuperar los derechos laborales y la pérdida de poder adquisitivo, que cifran en un 30%, de media, desde el año 2007.

También expresan dudas acerca de la situación en que la Administración autonómica pretende dejar al personal laboral, sobre la consolidación y al respecto de la calificación de las faltas graves y muy graves.

"Pero, si no hablas, no puedes pulir nada", ha destacado José Vázquez, quien sí ha valorado que la consellería "recupera" la comisión de personal, que "quería suprimir", en el tercer borrador de la ley remitido a las centrales.

"criterio electoral"

El Gobierno gallego inició el proyecto en 2013 y la primera reunión con los sindicatos, por separado, se celebró en junio de ese año, según han explicado los portavoces sindicales. Ahora, el mismo sexto mes de este año, Función Pública volvió a sentarse con las organizaciones, otra vez por separado y sin contar con la CIG, según ha denunciado el responsable nacionalista Roberto Varela.

En este sentido, han criticado la ausencia de una negociación "real y seria", y han atribuido a la Xunta la responsabilidad de fijar "un calendario", en una mesa en la que se sienten todas las centrales. De ahí que declinasen la posibilidad de enviar alegaciones al último de los borradores de la norma, al asegurar que Facenda impuso como último día para trasladarlas este martes, día 30 de septiembre.

La adaptación de la ley vigente —la de función pública de 1988— al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) es "un imperativo legal", pero José Sánchez Brunete ha subrayado que dicho documento es de 2007, por lo que "no se entiende la premura ahora, si pudo esperar hasta 2014, salvo por criterio electoral".

Siguientes pasos

En este sentido, el representante de CSIF ha afirmado que la intención del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo fue sacar la ley adelante antes de las europeas, algo que finalmente no pudo hacer y por lo que, en opinión del sindicalista, retoma ahora la iniciativa, para que exista un "tiempo largo" desde su aprobación a las municipales y que los afectados puedan "asimilarla".

Según sus previsiones, la Xunta quiere llevar la ley de empleo público a la comisión de personal "este mes de octubre" para a continuación aprobarla en Consello y que llegue al Parlamento en noviembre, donde cree que será tramitada por la vía de urgencia.

Los sindicatos, por su parte, no van "a entrar en el paripé" y advierten de que plantarán la comisión de personal en caso de que previamente no exista la citada "negociación real" entre todas las partes. Y, de hacer caso omiso Facenda a sus reclamaciones, avisan de que convocarán movilizaciones. "Y son ciento y pico mil empleados públicos, ciento y pico mil votos", ha incidido Sánchez Brunete.

"desmantelar los servicios públicos"

Por parte de Comisiones, Emilio Doforno ha señalado que este mismo martes, coincidiendo con la finalización del plazo puesto por la consellería para presentar alegaciones —que no utilizaron—, enviaron un escrito a su titular, Elena Muñoz, en el que exponían su planteamiento. "Cualquier norma de la Administración ha contado con más reuniones que esta", ha censurado.

Mientras, Roberto Varela, de la CIG, ha visto en la norma un intento de "desmantelar" los servicios públicos y "socavar la necesaria independencia" de los empleados públicos, con un modelo de la administración propio "de los años 50".