El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria su informe de gestión correspondiente a la labor desarrollada durante 2013 en defensa y promoción de los derechos de los menores en Andalucía. Entre los asuntos relevantes que este informe analiza está la pobreza infantil, ante la que el Defensor insiste en la necesidad de la creación de un plan especial, que confía en que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pueda poner en marcha antes de final de año.

Así, Maeztu ha apuntado que desde que comenzó la crisis, la Defensoría "viene previendo sobre los efectos que la misma está teniendo en la calidad de vida de los menores", con unos datos de Unicef que "son desalentadores", por lo que, añade, "tenemos que combatir esto". Así, prosigue, además de actuaciones puntuales, "constatamos la existencia de un plan contra la pobreza en Andalucía", y que confía la Consejería "tenga en marcha antes de final de año".

Asimismo, el Defensor, quien antes de dar a conocer los datos del informe ha presentado una campaña realizad por el Defensor del Menor en Andalucía para la difusión de los derechos del menor en la comunidad, ha señalado que el número de expedientes tramitados en 2013 se elevó a 1.049 —1.006 promovidos a instancia de parte y 43 de oficio—, al tiempo que resalta que las quejas en materia educativa han sido las más numerosas, destacando entre ellas las relativas a los procesos de escolarización del alumnado (158 quejas). Predominan también las quejas relacionadas con cuestiones de familia (115) y las que suscitan problemas de menores en situación de riesgo (63).

Por comunidades, Sevilla y Cádiz, con 236 y 96 quejas respectivamente son las provincias desde las que la Defensoría ha recibido mayor número de reclamaciones, mientras que por el contrario, Almería con 18 es la que menos quejas ha presentado, una cuestión que ha comentado "debemos proteger porque la lejanía es una dificultad".

Con independencia de las quejas, han atendido un total de 2.070 consultas relacionadas con asuntos de menores, de las cuales 746 fueron atendidas desde el servicio del 'Teléfono del Menor', la mayor parte de ellas referidas a problemas derivados de litigios por rupturas familiares. Además, y al igual que en ejercicios anteriores, existe un predominio del uso de este servicio por parte de las mujeres, (67%) frente a los hombres (29,36%).

Durante su intervención, Maeztu ha querido detenerse en los jóvenes extutelados, aquellos que al alcanzar la mayoría de edad se enfrentan a la falta de apoyo familiar, "entrando muchos en la marginación y exclusión social", una situación ante la que exige "una especial atención por parte de los poderes públicos y la sociedad". En este sentido, recuerda que en el informe sobre la renta básica presentado en el Parlamento, "sugerían que dentro del ámbito de protección entre los destinatarios pudieran estar estos menores que provienen de centros tutelados por la Administración, para que esta renta básica les ayude a comenzar".

Asimismo, el Defensor alude a numerosas quejas de familias angustiadas por la conducta de sus hijos, y que "no reciben de las administraciones las ayuda demandadas". Al respecto, anuncia que a finales de 2014 habrá un informe especial porque "hemos visitado uno por uno todos los centros de protección de menores de la comunidad".

En el tema de la trata de menores que entran en nuestro país para su explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, Maeztu vuelve a exigir "el esfuerzo de todas las administraciones", y ha recordado la puesta en marcha de un protocolo "contra esta esclavitud del siglo XXI y en el que se está trabajando desde julio de 2013 para combatir esta lacra". En la actualidad, "se está haciendo un seguimiento a 81 menores, niños que antes eran invisibles y ahora son visibles".

En este sentido, Maeztu ha trasladado al Parlamento las conclusiones de la Jornada 'Concienciación y sensibilización sobre la trata de menores", celebradas en Sevilla a finales de junio, y entre las que están la creación de un sistema transnacional de protección de menores.

Otro asunto relevante para Maeztu, y del que también se interesa en el Informe presentado, se refiere al nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía tras la entrada en vigor de la ley de mediación familiar de 2009 y su reglamento de desarrollo de 2012 y de la Ley estatal de mediación en asuntos civiles y mercantiles. A la Defensoría le preocupa que el sistema de mediación "no despliegue todas sus potencialidades por los problemas en la difusión entre la población".

Iu apuesta por reeditar el plan de atención a la infancia

Así, el diputado de IU Manuel Baena ha recordado la existencia del Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía, que puso en marcha la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 2003 a 2007 y ha destacado la "necesidad" de volver a reeditarlo en 2014. "Entiendo que debería haber un esfuerzo por parte de la Consejería de poner en pie ese plan, que debería incluir la lucha contra la pobreza infantil", afirma.

Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez ha señalado la "necesidad" de este plan contra la pobreza en Andalucía, y en este sentido ha tachado de "pobre" los 17 millones de euros que el Gobierno aportó al fondo extraordinario de infancia y el "injusto" reparto para Andalucía. Además, ha criticado como este martes, el Gobierno ha vuelto a aplazar por tercer año consecutivo la ampliación del permiso de paternidad, "importante para trabajar a favor de la infancia porque favorece la cultura del compromiso".

Asimismo, y sobre el tema de la trata de blancas, recuerda que en 2013 "ha vencido el III Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, que se debería continuar a nivel nacional". Por último, considera "muy importante" que la Defensoría difundan a través de una campaña "las dificultades, los derechos y las buenas prácticas en Andalucía", una comunidad que "con todas sus dificultades está trabajando, poniendo encima de la mesa problemas con total realismo y sin miedo a los datos".

La diputada popular Rosalía Espinosa ha destacado que este informe pone de manifiesto "muchos problemas y áreas para trabajar con los menores, como problemas en salud mental infanto juvenil, falta de medios y espacios para tratarlos, pobreza y dificultades económicas que golpean de forma especial a los menores". En este sentido, recuerda que "el 23,9% de menores de 16 años en Andalucía vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza".

"Hay mucho por hacer en este sentido y el PP estará apoyando cada una de las medidas que pueden ser positivas en este asunto y no de altar mediático o marketing", por lo que "esperamos un trabajo serio como el que está haciendo", apunta Espinosa, que anima a Maeztu a que el tema de la trata de menores "sea una de las principales funciones del Defensor del Menor" y ve "muy acertada" su afirmación sobre la mediación familiar". En cuanto a las quejas, dice que son "más de lo mismo, muchas denuncias por carencia de pediatras, por falta espacios adecuados para menores hospitalizados o falta de medios en atención temprana", por lo que anima a la Consejería "a trabajar mucho y tapar menos las carencia", porque "cuando hablamos de menores no se debería hacer política".