El autodenominado centro cultural y social Patio Maravillas, situado en la calle Pez número 21 de Malasaña, ha lanzado este miércoles un comunicado pidiendo el apoyo de la ciudadanía y del Ayuntamiento de Madrid ante su posible desalojo. Además, el colectivo ha lanzado una campaña vía twitter, #AlertaPatio, y ha convocado una manifestación para el próximo 25 de octubre.

La nueva empresa propietaria del inmueble, Nivel 29 (promotora del Mercado de San Ildefonso), ha presentado una denuncia penal por usurpación y ha solicitado ante el juez el desalojo del edificio debido al estado de ruina del mismo. "El inmueble no se encuentra en ruina. De hecho, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se presentaron aquí el pasado verano tras un incendio y nos comunicaron que la construcción no tenía ningún daño estructural", asegura, sin embargo, una portavoz de la casa 'okupa'. La empresa, sin embargo, asegura que el edificio tiene abierto un expediente de ruina por el Ayuntamiento de Madrid y que Urbanismo ha solicitado una serie de medidas urgentes para la reforma del edificio.

El colectivo Patio Maravillas 'okupó' este inmueble hace ya cuatro años, y en este lapso de tiempo sus habitantes ya se han tenido que enfrentar a dos demandas de desalojo. Una fue archivada y otra la ganaron, según informan los propios 'okupas'. Años antes habían 'okupado' un espacio muy cercano, ubicado en la calle Acuerdo, pero este centro sí que acabó siendo desalojado por la Policía. En 2011 tomaron también dos edificios ubicados en el barrio (en la Corredera Baja de San Pablo y en la calle Barco) propiedad del Ayuntamiento de Madrid, uno de los cuales fue vendido la semana pasada.

Los 'okupas' del Patio llevan años solicitando al Ayuntamiento de Madrid un espacio alternativo aduciendo las distintas actividades culturales que organizan en beneficio de los vecinos (pese a las protestas de algunos de ellos denunciando el ruido y los actos de incivismo). En Madrid existen varios casos de cesión de inmuebles para la autogestión, como la Tabacalera (Lavapiés) o el Centro Social Seco (Retiro). "De momento solo se nos ha notificado la llegada de la denuncia. Hay una serie de procedimientos judiciales que se tienen que seguir, por lo que el desalojo, si se concede, no sería inmediato", explica la misma portavoz a 20minutos.

Nivel 29 compró hace diez meses el edificio al anterior propietario, "un especulador de la familia Sarasola que se hizo con el inmueble tras ejercer 'mobbing' contra los vecinos y cerrar una de las mejores librerías de Madrid", explican los actuales ocupantes del sitio. Tras su adquisición, los nuevos dueños se pusieron en contacto con la asamblea de El Patio, ofreciéndoles no denunciarles si desalojaban el inmueble.

La oferta fue rechazada por la asamblea, pasándose a una fase de negociaciones durante el pasado mes de marzo en la que, siempre según los 'okupas', se obtuvo el compromiso de retrasar la denuncia "lo máximo posible" a cambio de conservar el buen estado de la construcción. Nivel 29, sin embargo, interpuso la denuncia el pasado 17 de septiembre.

La visión de la empresa sobre lo sucedido dista mucho de la de los 'okupas'. "Realmente, el acuerdo al que llegamos consistía en comprometernos a no denunciarles mientras que ellos desalojaran el espacio antes del 15 de septiembre", explica Vicente Martín, abogado de Nivel 29. "Ellos solicitaron luego una prórroga, a la que nos negamos, y cuando nos presentamos allí el día 15 los representantes del colectivo no reconocían nuestro acuerdo, que estaba escrito, ya que los portavoces ahora resulta que eran otras asociaciones. No nos quedó más remedio que denunciar", afirma.

Fuentes de la empresa aseguran que el objetivo no es especular con el edificio, sino que sus planes pasan por rehabilitarlo y convertirlo en un establecimiento hotelero enfocado hacia la juventud. "Es un barrio con mucho potencial y con una gran cantidad de jóvenes residiendo en el mismo", aseguran desde la sociedad.

Los 'okupas' también han denunciado la "ofensiva" emprendida por parte de las distintas administraciones contra los "espacios sociales y autogestionados de la región, y ponen como ejemplo La Casika de Móstoles, a espera de juicio tras una serie de denuncias por carecer de licencia; el desalojo del Centro Social La Traba el pasado agosto; la reciente orden de desalojo para La Morada (Chamberí) o la también reciente denuncia interpuesta por el propietario de La Enredadera (Tetuán) hace unas semanas.

También en Tetuán se produjo hace unas semanas el desalojo del Hogar Social Ramiro Ledesma, una 'casa okupa' tomada por 'socialpatriotas' que ofrecía ayuda únicamente a ciudadanos españoles y cuya toma provocó violentos enfrentamientos con grupos de extrema izquierda.