La Plataforma de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de las Hipotecas de Viviendas de Protección Pública de Valladolid ha asegurado que unos 2.000 propietarios de Castilla y León recuperarán en torno a 10 millones de euros ante la "obligación" de que la Junta anule las resoluciones por las que se denegaron hace dos años las prórrogas en las subsidiaciones de hipotecas en estas viviendas.

Según han señalado fuentes de la Plataforma, que ha mantenido una reunión este martes en la sede de la Asociación de Vecinos de Villa del Prado, en Valladolid, "en breve" se hará efectivo el cobro de este derecho "si bien sólo para un 20 por ciento de los beneficiarios", unos 2.000 en Castilla y León que recuperarán sobre 10 millones de euros.

La Plataforma ha explicado que tras "más de dos años", sendas resoluciones del Procurador del Común de Castilla y León y la Defensora del Pueblo y diversas resoluciones judiciales, una nueva interpretación por parte del Ministerio de Fomento del artículo 35 del Real Decreto de medidas económicas que se aprobó en julio de 2012, motiva ahora que la Junta de Castilla y León "se vea obligada" a anular las resoluciones.

La situación se remonta a las medidas de recortes aprobadas por el Gobierno de España en julio de 2012, entre las que la Junta de Castilla y León interpretó que se eliminaba la posibilidad de prorrogar la bonificación de las hipotecas de viviendas protegidas correspondientes a los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012.

Los propietarios que habían adquirido sus pisos de protección contaban con la subsidiación por un espacio de cinco años y con una prórroga de cinco años en el caso de que en ese tiempo no hubieran superado los requisitos de ingresos para obtener en su momento la VPO.

La bonificación, por término medio, suponía un 20 por ciento de cada cuota mensual, pero en ocasiones específicas como familias con personas dependientes a cargo podía alcanzar el 40 por ciento.

Sin embargo, cuando en la segunda mitad de 2012 muchos propietarios acudieron a la Junta para solicitar esa prórroga por cinco años, se encontraron con que se iban a denegar todas las solicitudes. De hecho, según critica la Plataforma, la Administración autonómica "informó" a miles de ciudadanos de que ese derecho se eliminaba, "se negó a recoger solicitudes" y eliminó los formularios de la web de la Junta.

Con todo ello, consideran que "más del 70 por ciento" de los demandantes ha quedado fuera de la percepción de ese derecho.

Ahora, según la Plataforma, quienes llegaron a solicitar la prórroga y obtuvieron respuesta negativa comenzarán a recibir de nuevo las cantidades. Mientras tanto, han aseverado que mantendrán la reclamación de que se abra un plazo extraordinario para los propietarios que se vieron "engañados" y no pidieron la prórroga.

"Así se comprometió el director general de Vivienda de la Junta de Castilla y León en una reunión mantenida el pasado mes de noviembre", han añadido, antes de apuntar que informarán también a aquellos que en base a normas posteriores "impugnadas ante el Tribunal Constitucional" han visto suprimida la bonificación, de que "es un derecho consolidado del que no se puede privar a los beneficiarios".

Estos dos años de trabajo para la Plataforma, han destacado, dan ahora sus primeros frutos pese a que en muchos momentos consideran que sus actuaciones "no siempre eran bien comprendidas y respaldadas". Todo ello, recalcan, les ratifica en la idea de que "si se lucha colectivamente por lo que se considera justo se pueden conseguir frutos".