Pedro Sánchez
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en la sede de la formación en Madrid. HUGO ORUTÑO/EFE

La presentación de recursos contra la ley de consultas catalana y del decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre ante el Tribunal Constitucional (TC) cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE, pero ha generado muchas críticas entre los defensores del derecho a decidir, tanto catalanes como vascos, que han avisado que la suspensión de la consulta no zanjará el debate soberanista. De hecho, los socialistas han tendido la mano para abordar con diálogo la cuestión.

En una rueda de prensa, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado su respaldo a los recursos de inconstitucionalidad —aunque el PSC respaldó la ley de consultas— porque "no hay democracia sin ley", y ha acusado a Artur Mas de ser el "único responsable" de lo que está sucediendo en Cataluña. Ha condenado esta "quiebra" de la ley de "enorme gravedad" porque, ha advertido, está protagonizada precisamente por quien debería encarnar el orden constitucional en Cataluña.

El PSOE respalda al Gobierno y PPC y C's denunciarán a Mas de proseguir con el 9-NPor eso, ha tendido "la mano" al Gobierno central y a la Generalitat para abordar con diálogo esta "difícil encrucijada" que, a su juicio, no se soluciona con "trincheras" ni "monólogos", sino con una renovación de la Constitución en la que no pone "condiciones previas". "La mejor defensa de la Constitución es su renovación, petrificar la Constitución no la va a hacer más fuerte", ha alertado Sánchez, que ha adelantado que presentará su propuesta de reforma constitucional en el Congreso cuando tenga el "suficiente consenso" porque lo importante "no es llegar el primero, sino todos juntos".

La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha reiterado su apoyo "incondicional" al Gobierno para que "proteja a los ciudadanos de los desmanes de un gobernante despótico". Ha recordado que una de las obligaciones del Ejecutivo es "defender el Estado de derecho y el imperio de la ley", al tiempo que ha apelado a la unidad de todos los partidos constitucionalistas.

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que su partido estudiará emprender acciones judiciales contra el presidente catalán si decide "no acatar" la suspensión de la consulta y seguir adelante con los preparativos y la campaña, lo que sería "malversar fondos". "Mas y el Govern estarían incurriendo en la ilegalidad si hicieran un día más los preparativos de una convocatoria suspendida a todos los efectos, si así lo dice el TC".

Está más cerca que lo juzguen los tribunales que la historiaPor ello, el PPC "está valorando acciones judiciales si siguiera adelante y no acatara la resolución del TC", ya que "se entiende que el coste de la campaña supondría malversar fondos de los catalanes". "Mas está dividiendo a los catalanes y los españoles y, si insiste en seguir haciendo la campaña de publicidad para un referéndum que no se hará, valoraremos emprender actuaciones judiciales ante ese grave incumplimiento, porque está llevando a Cataluña a la ilegalidad y al incumplimiento de sentencias", ha insistido.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general y portavoz de C's, Matías Alonso, quien ha avisado que Mas puede cometer varios delitos si no acata la decisión del TC, como los de prevaricación, sedición, malversación de fondos públicos o contra la privacidad, por lo que "está más cerca que lo juzguen los tribunales que la historia". Con todo, su partido no hará campaña a favor del 'no' porque la consulta no se celebrará, aunque seguirá con la campaña "Mejor juntos" puesta en marcha para hacer "pedagogía" sobre la realidad de Cataluña y haciendo además un llamamiento al "sentido común".

Los recursos no son la solución

El secretario general de CiU y consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha acusado a Rajoy de hacer de "portavoz" del Tribunal Constitucional presuponiendo lo que dictaminará sobre la consulta y le ha pedido que, si apela tanto a la Carta Magna, debería también respetar los "plazos" del recurso. Además, el respeto a la Carta Magna pasa por respetar quién es "el intérprete" de la misma, que en este caso es el TC y no el poder ejecutivo.

Los partidarios de la consulta avisan que la suspensión de la consulta no zanja el conflictoEspadaler ha lamentado que Rajoy sólo ofrezca argumentos jurídicos y, en este sentido, ha subrayado que, si el TC suspende el 9N, será por una decisión "política" del Gobierno central, que es el que ha presentado el recurso usando la Constitución como un "muro infranqueable" ante las propuestas catalanas. Por otro lado, ha reiterado que, una vez dictamine el TC, el presidente de la Generalitat reunirá a los partidos políticos favorables a la consulta del 9 de noviembre para decidir próximos pasos.

El secretario general de ICV, Josep Vendrell, ha criticado que el Gobierno actúe con "autoritarismo" y a "golpe de recursos" ante un problema "político" como el de Cataluña que no puede resolverse judicialmente, y ha reclamado al Constitucional "escrupulosa neutralidad" en su decisión.

Ataque a la democracia

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha calificado de "ejercicio de cinismo" la oferta de diálogo que ha hecho Rajoy durante su comparecencia para explicar los recursos, porque  "él es el único que se ha cerrado en banda y no ha estado dispuesto a dialogar". Además, ningún artículo de la Constitución impide celebrar una consulta en Cataluña y que si así fuera cabría plantearse si la Carta Magna es "poco democrática". Ante la propuesta de reforma de los socialistas, ha asegurado que ni Rajoy ni el PP "tienen voluntad de cambiar la Constitución".

El PNV rechaza que la cuestión ataña a todos los españoles, pues ni igleses ni galeses votaron en el referéndum escocésEl portavoz del grupo vasco ha reconocido que "sin ley no hay democracia", pero ha recordado que la ley tampoco es "garantía de democracia", como demuestra el hecho de que las dictaduras también dispongan de leyes y constituciones. Esteban también ha rechazado el argumento de que la independencia de Cataluña sea una cuestión que afecta a todos los españoles y ha señalado que en el referéndum escocés no votaron ni los ingleses ni los galeses, igual que ocurrió en los de Québec o Eslovenia.

En la misma línea se ha manifestado el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha asegurado los recursos son "una agresión directa a la democracia" y que la legalidad española "no tiene legitimidad alguna" porque, en su opinión, "está dirigida a enterrar la voluntad de la ciudadanía y de los pueblos". Además, constituyen "la muestra más palpable de la incapacidad del Estado de abordar una cuestión política desde el ámbito del diálogo y el acuerdo". En su opinión, el Gobierno de Rajoy "tiene secuestrada la democracia" a través de una Constitución "que es una auténtica cárcel de pueblos".