El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Valencia ha declarado nula la encomienda que, en abril de 2012, realizó la Diputación provincial a la mercantil Imelsa, a la que atribuyó un "amplio abanico de competencias tributarias" al considerar que ese acuerdo es "impreciso" y contiene un "defecto esencial" que afecta al contenido del acto administrativo.

De esta forma, el juzgado da la razón al sindicato

Ccoo pv que había presentado un recurso contra el acuerdo plenario de la Diputación de abril de 2012, de ampliación de la encomienda en materia catastral realizada a favor de la empresa pública Imelsa en 2009 —cuyo capital está 100% en manos de la corporación provincial— a otras actividades complementarias.

Según ha destacado el sindicato en un comunicado, el fallo "revoca el proceso de privatización de la recaudación de impuestos" iniciado por el presidente de la corporación, Alfonso Rus, y considera que "no deja lugar a dudas sobre el proceso de externalización, que califica de vaciamiento de competencias propias de la Diputación".

El sindicato consideró este hecho como una "huida del derecho administrativo" y un "mal parche" a la situación del Servicio de Gestión Tributaria, que tiene como origen "la admisión de más delegaciones sin planificar la dotación de medios". A su juicio, "Gestión Tributaria es un servicio estratégico porque se ha convertido en la tabla de salvación de las arcas municipales, ya que los adelantos a cuenta de la recaudación de tributos locales por parte de la corporación provincial han dotado de liquidez a muchos ayuntamientos".

"menos control y costes más elevados"

La central sindical añade además que este sistema "se ha visto reforzado por la reciente modificación de la Ley de Régimen Local, que amplía las competencias de las diputaciones en materia fiscal". Para el sindicato, "ampliar competencias sin permitir la dotación de más medios personales aboca a muchas administraciones a callejones sin salida, aunque ello no puede ser excusa para privatizar servicios públicos, privatizaciones que conllevan menos control y costes más elevados a largo plazo".

Ccoo pv había recurrido el acuerdo al considerar que era contrario a derecho porque Imelsa no podía ser considerada "una medio propio de Diputación" y porque la encomienda supondría un ejercicio de la potestad de autoorganización de la corporación que sobre pasa los límites que para ella se deducen de la regulación básica de la encomienda establecido en la ley.

La corporación por su parte se opuso alegando causas de inadmisibilidad y de extemporaneidad, que fueron rechazadas. En la sentencia, el juzgado considera que se debía establecer "con precisión" cuál era el objetivo de la ampliación de la encomienda pretendida y esa decisión "no existe en el expediente administrativo, que sorprende por su parquedad e indefinición evidentes", con un uso para establecer el objeto de una fórmula verbal condicional "que no ayuda a establecer con exactitud el contenido", lo que se une a los términos "vagos e imprecisos" para describir los servicios que "podrían llevarse a cabo".

Así, considera que este defecto es "esencial" porque impide comprobar su la ampliación de la encomienda respeta los límites del ejercicio de la potestad, a lo que se una el hecho de que los estatutos de Imelsa "no reflejan los requisitos exigidos de forma expresa" en la ley de Contratos del Sector Público porque "no reconocen la condición de medio propio y servicio técnico de la entidad ni precisan el régimen de las encomiendas que se le pueden conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos", lo que conlleva un "defecto esencial"

Conflicto laboral con imelsa

CCOO ha subrayado que ha iniciado otro conflicto laboral contra la empresa pública por el anuncio de Alfonso Rus de crear 300 puestos de trabajo en las brigadas forestales de Imelsa. El sindicato ha exigido que estas contrataciones "se sujeten a los principios constitucionales de acceso al empleo público".