España podría tener entre 750.000 y un millón de personas en situación irregular

  • SOS Racismo ha presentado su Informe Anual 2007.
  • Consideran discriminatoria la política inmigratoria del Gobierno.
  • Aseguran que no existe "un problema político".
Javier Ramírez y Edu Barranco, de SOS Racismo (Foto: EFE / Mondelo).
Javier Ramírez y Edu Barranco, de SOS Racismo (Foto: EFE / Mondelo).
EFE / Mondelo

El día en que la Unión Europea ha decidido tipificar como delito la inducción al racismo y la xenofobia, se ha presentado en España el Informe Anual de SOS Racismo, que critica con dureza la política del Gobierno en materia de inmigración, ya que considera que fomenta "la discriminación y el miedo a lo diferente" con un marco legal "desfasado de la realidad" que "genera la irregularidad".

La política inmigratoria actual fomenta la discriminación y el miedo a lo diferente
Edo Bazzaco y Javier Ramírez, responsables de la organización, explicaron que
en España se estima que podría haber entre 750.000 y un millón de personas en situación irregular, lo que

En su opinión, os procesos de regularización masiva de 2005 tampoco han tenido efectos positivos, ya que de los 577.800 extranjeros que regularizaron su situación, menos de 30.000 consiguieron un contrato indeterminado y que el 15% no consiguió renovar sus permisos en 2006.

Según el informe, "se ha pasado de una etapa de blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los inmigrantes procedentes de países africanos" a otra que pretende "impedir salir a las personas del continente africano de sus propios países" y cuando no es posible repatriar a los inmigrantes "se han comenzado a poner en práctica medidas para exportarlos a otros países".

Los vascos ven cuatro veces más inmigrantes de los que hayUno de los datos más llamativos que se extraen del informe es que los ciudadanos vascos perciben que el número de inmigrantes es cuatro veces superior al real y, aunque

no hacen un discurso abiertamente racista, esta actitud se percibe "de forma difusa".

Agustín Unzurrunzaga, uno de los representantes de SOS Racismo, destacó que Euskadi es unas de las comunidades autónomas con menor número de inmigrantes, un 4% de su población, por lo que consideró que con "políticas adecuadas se podrían evitar confrontaciones racistas".

Un 80% de los inmigrantes ilegales entra en España por avión

A pesar de que uno de los principales focos de atención en materia de inmigración se centra en la llegada de pateras o cayucos, el informe recuerda que el pasado año fueron sólo un 5% de los que intentaron entrar en España de forma irregular por vía marítima, contra un 80% por vía aérea y otro 15% mediante transporte terrestre.

Hay una visión distorsionada del fenómeno migratorio
En este sentido,
el Informe Anual 2007 sobre el racismo en España expresa su preocupación por la "visión alarmista y distorsionada del fenómeno migratorio" que se trasmite y recoge quejas vecinales contra la presencia de extranjeros en las calles, así como casos de insultos, agresiones y amenazas racistas contra inmigrantes sin ninguna otra razón que la de "no ser del lugar".

Dicho informe señala además que murieron unos 6.000 inmigrantes africanos cuando trataban de llegar a las costas de esta comunidad, aunque los miembros de SOS Racismo consideran que son "muchas más", pero son "difíciles de cuantificar".

Piden revocar los acuerdos de readmisión con quienes no garantizan los derechos humanos

Aprovechando la presentación del informe, SOS Racismo ha solicitado al Gobierno la revocación de los acuerdos de readmisión de inmigrantes con Marruecos, Mauritania y el resto de países africanos que "no garantizan la necesaria protección de los derechos humanos".

SOS Racismo propone al Gobierno español que impulse una nueva política migratoria europea, rechazando la "externalización de fronteras" y las expulsiones conjuntas, un concepto de ciudadanía europea ligada a la residencia y no a la nacionalidad y políticas que permitan la regularización estable de las personas que se encuentre en situación irregular.

También pide el inicio del proceso de modificación de la Constitución que permita hacer efectivo el derecho al voto de los extranjeros y un mayor control de la actuación de las fuerzas de seguridad, tanto públicas como privadas, para evitar "los abusos policiales" con los inmigrantes.

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