La jueza Mercedes Alaya
La magistrada que instruye el 'caso de los ERE' a su llegada a los juzgados de Sevilla. EFE

El exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual, que pasó 14 meses en prisión por el caso de los ERE, ha declarado este viernes como imputado ante la jueza Mercedes Alaya y ha acusado al PSOE de financiarse con el dinero de los expedientes laborales aprobados desde la Junta de Andalucía.

Según el acta de la declaración, Pascual ha afirmado que de la Junta salieron 98 millones de euros para Fortia Vida, empresa que, ha asegurado, controla el Partido Socialista de Catalunya (PSC), y de allí 18 millones se destinaron "al bolsillo" de las sociedades de cuatro empresarios vinculados con la cúpula del PSOE, entre ellos "Cruz Apestegui, Jesús Barderas, Antonio Garrigó y Eduardo Bajet"

Ese dinero se invirtió en dos hoteles en la República Dominicana controlados por esos empresarios vinculados con el PSOE, ha dicho Pascual, quien ha afirmado fuera del despacho de la jueza que lo investigado hasta ahora en los ERE "es sólo la punta del iceberg".

El exdirectivo de Vitalia ha declarado este viernes tras la ampliación de la imputación que le hizo Alaya y después de que en agosto la magistrada enviara al Tribunal Supremo una exposición razonada del caso por la inclusión de aforados en la causa, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El exdirectivo, que reside en Barcelona, ha precisado que no se ha pronunciado antes sobre las relaciones de Fortia Vida y el PSOE "por seguridad personal" y que no se ha atrevido a hacerlo hasta que sus hijos no se han marchado a vivir fuera.

Ha asegurado que lo investigado hasta ahora en los ERE "es sólo la punta del iceberg" Pascual salió de la cárcel el pasado 18 de junio tras 14 meses en prisión y después de depositar 6.000 euros de fianza y otros 5.000 euros de caución que fijó la Audiencia Nacional por el caso Eurobank.

Según ha dicho, en prisión pasó cuatro meses en la misma celda con un testaferro de los ERE, quien le dijo que Vitalia entregó en billetes 7 millones de euros a unas sociedades y a otros imputados, como el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero. Además, ha afirmado que uno de esos empresarios vinculados al PSOE tenía, en un despacho que ya ha cerrado, toda la documentación de Fortia Vida, que ha desaparecido.

"Connivencia"

También ha asegurado que la Generalitat autorizaba a Fortia Vida a realizar operaciones fuera de Cataluña siempre que las pólizas se suscribieran en esa comunidad y en contra del criterio de la Dirección General de Seguros, lo que, en su opinión, "apoya la tesis de la connivencia entre el PSC y el PSOE andaluz". Fortia Vida era una entidad "que no podría operar fuera de Cataluña pero recibió 100 millones de la Junta de Andalucía", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que todos los expedientes de regulación por los que le preguntaba la juez fueron captados por Fortia en virtud de ese acuerdo entre el PSC y el PSOE-A y que la Junta hacía las asignaciones a las empresas "a dedo".

Ninguna de las partes personadas han solicitado la modificación de las medidas cautelares contra el exdirectivo, que está acusado de los delitos de malversación y prevaricación por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec y Primayor.

Por otra parte, también ha acudido este viernes a declarar la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, que también estuvo en prisión por su implicación en la causa, y que se ha acogido a su derecho a no declarar ante Alaya.

El exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, también se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza, aunque su abogado ha presentado un escrito ante la magistrada en el que se desvincula de la tramitación de los ERE en los que aparece relacionado en la causa, relativos a la empresa Hitemasa.

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