El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, en sesión ordinaria y con el voto favorable del PP y contrario de PSOE e IU, el convenio urbanístico para la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la zona de las antiguas instalaciones de la fábrica de tabaco de Altadis. Así, han sido rechazadas todas las alegaciones presentadas, como las de Ecologistas en Acción, Equo, el colectivo Ciudad y Compromiso Social, diversos ciudadanos a título individual, PSOE, IU, la Asociación de Protección del Patrimonio Ben Baso o CCOO, ya que el Ayuntamiento asegura que "no procedía su presentación en este momento, dados los asuntos que trataban".

En un debate que ha sido interrumpido hasta en tres ocasiones por protestas de policías locales, de afectados por el ERE de Mercasevilla y de la plantilla municipal que pide la reposición de servicios, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el Ayuntamiento "no estamos dispuestos a rebasar una línea roja que nos marquemos" porque asegura que a su gestión le caracteriza el "rigor".

"No se puede hablar de pelotazos en un convenio urbanístico en el que se está haciendo con transparencia y se convocará un concurso de ideas para que puedan participar los ciudadanos y los profesionales. Nada de ocultación, tras muchos meses de negociación", afirma, indicando que se pondrá en valor una zona que está "abandonada y cerrada". Asegura que actualmente no se están definiendo los usos, sino que "queda por aprobar todo el desarrollo del convenio y se conseguirá que sean edificios sostenibles".

Así, insiste en que se mantendrá el patrimonio industrial "que tenga que ser objeto de conservación", mientras que "se va a abrir una parte importante del río a uso público y a dotar la zona de servicios".

Ha criticado el rechazo de la oposición al convenio, especialmente del portavoz de PSOE, Juan Espadas, "instalado en el no a todo" y ha negado los "pelotazos urbanísticos" que la oposición asegura que se producirá. Así, se ha defendido apuntando a los "convenios urbanísticos por el que el anterior gobierno habían conseguido hasta 200 millones de euros y no se saben donde están", mientras que su responsable de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, asegura que "para pelotazos el de Mercasevilla", apuntando al anterior gobierno local.

En este punto, el portavoz de IU, José Manuel García, le ha recriminado que pretenda dar "lecciones el partido que tiene el mayor número de procesados e imputados del país". "Hay que tener poca vergüenza. ¿Son acaso ejemplos para este país la Gürtel, Jaume Matas, Luis Bárcenas o los sobresueldos de Zoido?, se pregunta.

Vílchez ha insistido en los equipamientos sociales y culturales que se desarrollarán en esas instalaciones "sin tener que poner un duro" y se ha dirigido a la oposición asegurando que "cuando pudieron hacer algo allí no lo hicieron, ni lo han expropiado ni han traído supuestas plataformas logísticas para instalarse". Asegura que el Ayuntamiento ahora no permitirá que se mantenga "ese muro y que la ciudad no pueda abrirse en ese espacio estratégico que puede ser un revulsivo para la ciudad". "Hay que terminar con ese anacronismo", sentencia.

Psoe alerta de que se "hipoteca el futuro" de ciudad

En este marco, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha dejado claro que no puede respaldarlo "bajo ningún concepto" ya que se trata de "una mala negociación porque no se ha negociado nada, sino que se ha limitado a firmar lo que le ponían hipotecando el futuro de la ciudad en un lugar estratégico". Pide más transparencia en un convenio en el que se refleja que "Altadis viene a sacar lo que pueda y salir corriendo".

"Zoido no puede decir a los sevillanos que firma eso, sino decir qué es lo que habrá ahí después. Si lo sabe y no lo dice, está faltando el respeto a la ciudad", sentencia, lamentando que el alcalde "no se haya sentado con las asociaciones de vecinos, de patrimonio industrial, ecologistas o los sindicatos", para las que pide más participación. Así, ha lamentado que Zoido haya "tirado ya la toalla de hacer algún proyecto relevante para la ciudad", dejando claro que sí supone coste para la ciudad "como la desaparición de los jardines Manuel Ferrand o el impacto visual", preguntándose qué ocurrirá con el patrimonio industrial.

"pelotazo urbanístico de libro"

Por su parte, el portavoz de IU, José Manuel García, ha pedido la apertura de un proceso participativo y la eliminación de este punto del convenio de la presente sesión plenaria. Critica que "nada que ver lo que prometió el alcalde con lo que figura el convenio". "Después algunos se sorprenden de que los ciudadanos piensen de los cargos públicos que no tienen vergüenza", sentencia, tras advertir de que Zoido permitirá "un pelotazo urbanístico de libro, priorizando el interés de la multinacional frente al de los ciudadanos, ya que ofrece el patrimonio sevillano al mejor postor, mientras en el convenio los equipamientos públicos están bajo mínimos".

IU pide firmeza frente a Altadis, "después de como se fue de Sevilla", e insta a trabajar por mantener los edificios y las zonas verdes, obtener más equipamientos públicos y no cambiar los usos de los suelos para impedir que Altadis "dé un pelotazo para tener más comercios, más oficinas y más bares". García se pregunta cuántos pequeños comercios cerrarán ante la apertura de "más y más superficies comerciales", aunque insiste en que "aún estamos a tiempo" de cambiarlo.

El convenio

Según el proyecto de convenio aprobado ya por el pleno, la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 metros cuadrados que quedarían en manos del Ayuntamiento a modo de espacios libres de dominio público y el Consistorio contaría con el edificio principal de la fábrica y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras.

Altadis, de su lado, contaría con 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad máxima de 8.000 y 23.000 metros cuadrados cada una de ellas. Mientras el Ayuntamiento prevé destinar a equipamientos públicos su parte de los terrenos, Altadis espera vender su parte para su aprovechamiento en materia de usos terciarios.

Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cataloga la finca como suelo industrial singular, toda la operación requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pues los terrenos a entregar al Ayuntamiento deben ser declarados Suelo de Interés Publico y Social (SIPS) y el resto debe ser calificado como espacios de uso terciario.