Más de 250 docentes de las islas se han reunido esta tarde en el municipio mallorquín de Petra para analizar la situación generada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) haya declarado nulo el Decreto para el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) impulsado por el actual Govern, un encuentro en el que han reclamado a los distintos centros que modifiquen sus proyectos lingüísticos para adaptarlos a la realidad de cada instalación educativa.

Durante la jornada mantenida en el Teatre 'Es Quarter', la Assemblea de Docents ha hecho un llamamiento a fin de que los colegios e institutos mantengan "la no aplicación del TIL", que según ha determinado el TSJIB "altera" el proceso de normalización de la lengua catalana, e impulsen sus propios proyectos de modo que se adecuen "al espíritu de cada centro" y éstos "puedan recuperar su autonomía" al respecto.

Los docentes han aseverado que aunque haya instalaciones con el TIL ya aprobado, pueden tramitar su anulación a la luz de las tres sentencias del TSJIB que anulan la anterior norma y los cuatro autos de la misma instancia judicial que acuerdan su inmediata suspensión cautelar. "El TIL ya no está vigente, está muerto y así seguirá aunque los autos sean recurridos por el Govern", ha precisado, en declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de la Assemblea, Guillem Barceló.

En la reunión también han estado presentes los abogados de la Assemblea, Josep de Luis y Pep Lluís Torres, que han respondido a las dudas generadas a raíz de las anteriores resoluciones judiciales, y a quienes el TSJIB ha dado la razón en uno de sus cuatro autos al proceder a la suspensión cautelar de la aplicación del TIL.

Durante su intervención, los letrados han aclarado que, aunque el Ejecutivo balear recurra la suspensión de la Orden aprobada el pasado 9 de mayo por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y que desarrollaba la aplicación del TIL, la paralización de la misma continuará en pie, al tratarse de una suspensión inmediatamente ejecutiva.

Desde la Assemblea han querido dejar claro además que, pese a que el Govern afirme que el Decreto del TIL ha sido anulado por defectos de forma en su tramitación, esto no es cierto ya que el TSJIB en ningún caso ha afirmado que el fondo se ajuste al ordenamiento jurídico. De hecho, subrayan, el tribunal señala en las sentencias que no es necesario analizar el fondo puesto que ya el procedimiento de tramitación presentaba irregularidades que abocaban a su nulidad.

Una de las cuestiones que la Sala de lo Contencioso-Administrativa considera que se han incumplido, con la consiguiente vulneración del Estatuto de Autonomía balear, es la obligación de consultar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) antes de impulsar del TIL, al recaer en ella una función asesora en todo lo relativo a la lengua catalana en el marco del proceso de normalización de este idioma.

El trilingüismo "altera" el proceso de normalización del catalán

Es más, las sentencias del TSJIB aseveran cómo el Decreto del trilingüismo, aprobado en abril de 2013 por el Consell de Govern, "altera" el proceso de normalización de la lengua catalana, a la que deja como "un resto significativamente menor".

Y es que uno de los puntos del TIL que mayor polémica ha suscitado en el sector educativo es el que establece que, como objetivo fundamental, se consiga que todos los alumnos alcancen, al finalizar el periodo de escolarización obligatoria, la competencia lingüística en las lenguas oficiales y al menos en una extranjera, preferentemente la inglesa.

En este contexto, la Sala recalca cómo la Ley Balear 3/1986, de Normalización Lingüística, proclama entre sus objetivos el de asegurar el conocimiento y el uso progresivo del catalán como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza.

Es más, la norma propugna que en todos los niveles, grados y modalidades de la enseñanza no universitaria deben enseñarse obligatoriamente la lengua y la literatura catalanas, y ello debe ser llevado a cabo de modo que los alumnos "puedan usar normal y correctamente las lenguas catalana y castellana al finalizar el periodo de escolaridad obligatoria".

La Sala concluye asimismo en sus tres resoluciones que el Decreto 15/2013 ahora anulado infringe asimismo la Ley balear 4/2011 de buena administración y de buen gobierno, que, en relación a los anteproyectos de ley, exige una evaluación previa, concretada en la memoria del análisis del impacto normativo, que considera insuficiente.