Juez ordena procedimiento abreviado contra el alcalde de Albox por negar información a oposición

El juez ha dado traslado al fiscal por si procede formular acusación contra el alcalde de Albox (Almería), Rogelio Mena (PSOE), al considerar que existen indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales al no contestar de manera "reiterada" a las numerosas solicitudes de información y documentación por parte del grupo municipal del PP.

El juez ha dado traslado al fiscal por si procede formular acusación contra el alcalde de Albox (Almería), Rogelio Mena (PSOE), al considerar que existen indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales al no contestar de manera "reiterada" a las numerosas solicitudes de información y documentación por parte del grupo municipal del PP.

El auto del Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa, dictado el miércoles y consultado por Europa Press, ordena continuar las diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado y desestima la solicitud de sobreseimiento del letrado del regidor tras el informe del Ministerio Público en el que se indica que existen "indicios suficientes y con relevancia jurídica".

Según recoge el juez Fernando Ruiz-Rico, tras la práctica de las diligencias, en las que Mena prestó declaración en calidad de imputado el pasado mes de mayo, se puede dar por finalizada la instrucción y concluye que su actitud podría haber "entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox".

El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, relata que Mena, en el "ejercicio de sus funciones" desde enero de 2013, "no contestó a numerosas solicitudes de información que formuló durante un año el portavoz del grupo municipal, Juan Pedro Pérez, no ha entregado los documentos solicitados reiteradamente por este".

Indica que estaba "obligado" por el artículo 23 de la Constitución, el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el reglamento que lo desarrolla, y por la instrucción de la "propia Alcaldía" de Albox de 15 de julio de 2009, "conociendo el alcalde dichas solicitudes y peticiones".

El fiscal informó en julio de que consideraba que existían "indicios suficientes y con relevancia jurídica" que "determinan la comisión de un hecho delictivo" por parte de Rogelio Mena e interesó la continuación de la causa por el trámite de procedimiento abreviado por un presunto delito, "a la espera de una posterior y más depurada calificación", contra los derechos cívicos.

Concluyó el Ministerio Público que, "del relato de hechos denunciados", resulta un "impedimento del ejercicio del derecho a la información por parte del acusado y en relación con las peticiones de información presentadas en el Ayuntamiento de Albox".

El portavoz del grupo municipal del PP, Juan Pedro Pérez, impulsor de la denuncia que ha dado lugar a la causa penal, ha indicado a Europa Press que van a pedir al alcalde que "dé explicaciones" de "porqué niega la información y que se esconde detrás" y ha recordado que el expediente objeto del litigio hace alusión "a las contrataciones con una empresa que ha facturado al Ayuntamiento de Albox más de tres millones de euros y con la que tienen relación familiar algunos concejales".

Pérez Quiles, quien ha lamentado que se haya tenido que llegar "al punto de judicializar la vida política" y ha remarcado que "no les quedaba más remedio", ha criticado "una vez más la actitud dictatorial y antidemocrática" de Mena. "Siempre les hemos dicho a los vecinos que nos niega la información para hacer nuestra labor de oposición y de fiscalización pero confiamos en la justicia para que ponga las cosas en su sitio", ha resaltado para concluir que, "a día de hoy, aún no se nos ha facilitado ese expediente".

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