El Tribunal Supremo (TS) decidirá el próximo 15 de octubre el órgano competente para juzgar la pieza 3 del 'caso Gürtel' —en total hay seis—, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat por la Feria Fitur, según ha informado el tribunal valenciano.

El Alto Tribunal ha fijado ese día para deliberar y fallar sobre el recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de remitir el caso a la Audiencia de Valencia al considerarse no competente tras la renuncia a sus escaños en las Corts Valencianes de Angélica Such y Milagrosa Martínez —exconselleras de Turisme e imputadas en la causa—.

El ponente designado para esta deliberación es el magistrado Joaquín Jiménez, tal y como han indicado las mismas fuentes, que han precisado que la sección segunda del TS no celebrará vista.

En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Milagrosa Martínez; la también exconsellera de Turisme Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa —considerados presuntos cabecillas de la trama—; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market —y otras sociedades vinculadas—, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.

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