Culpa al juez por el impago a los clientes de la CPV

REDACCIÓNNOTICIA19.04.2007 - 02:37h
Francisco G. M., el principal imputado de la presunta estafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) dijo ayer en la Audiencia Provincial que si el juez no hubiera decidido intervenir la empresa, «se hubieran realizado algunas viviendas» y la promotora hubiera «devuelto el dinero a los clientes que se dieron de baja».
La CPV cerró en 2002 y dejó a casi 2.000 afectados sin casa. Los pisos se iban a levantar en Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas.

Durante la segunda sesión del juicio, que se llevará a cabo hasta julio, Franciso G. M. insistió en que si le hubieran dejado «habría saldado las cuentas con los clientes». El administrador asegura que la empresa tenía algo de liquidez «y muchas letras de cambio y en activos» cuando fue intervenida.

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